domingo, 6 de diciembre de 2009

Ecopetrol y el desarrollo vial

Editorial

El Mundo, Medellín

Diciembre 6 de 2009

Confiamos en la capacidad profesional y en la ética del titular de la cartera de Transporte, que lidera la iniciativa.

El Gobierno anunció que presentará un proyecto de Ley que daría vía libre a la enajenación del 15% de la participación que tiene la Nación en Ecopetrol, con miras a financiar las grandes obras de infraestructura vial que nuestro desarrollo demanda con urgencia. Los dineros que obtendría el Gobierno serían destinados a la modernización y construcción de nuevas autopistas y dobles calzadas en los principales corredores viales del país.

Según lo que ha trascendido, la venta no sería de golpe sino gradual, y se llevaría a cabo después de que se capitalice el 9,9% de las acciones, autorizado por la Ley de 2006 que modificó la naturaleza jurídica de Ecopetrol y permitió la venta de por lo menos la quinta parte de la empresa que constituye, sin duda, el patrimonio más preciado de la Nación colombiana. Como se recordará, un 10% ya quedó en manos del público y como la citada norma definió que la Nación debe conservar mínimo el 80% de la petrolera, se necesita el aval del Legislativo para bajar ese tope y poder dar vía libre a la venta que se propone en el proyecto de marras, que según se dice está siendo evaluado por Planeación Nacional y los ministerios de Minas y Energía, Hacienda y Transporte, a fin de presentarlo lo más pronto posible a consideración del Congreso.

Aunque hasta ahora se trata de un simple anuncio y se desconocen los términos precisos del proyecto, ya saltaron a la palestra, desde analistas que ven en la iniciativa una buena manera de financiar la solución del problema del atraso en infraestructura vial, hasta opositores que ven toda clase de inconvenientes y censuran al Gobierno por ir demasiado aprisa en un tema que, a su juicio, debería dejar en manos del que lo suceda en agosto del año entrante.

Es bien conocida nuestra posición con respecto a la enajenación de activos de la Nación de gran valor estratégico, entre los cuales Ecopetrol es lo máximo que tenemos. En el debate de hace tres años sobre la capitalización del 20% de Ecopetrol, dijimos lo que hoy diríamos también, a propósito del nuevo proyecto: “... si en un momento dado se abre la posibilidad de que los grandes conglomerados internacionales pueden apoderarse del paquete, para llegar a formar parte de las directivas y por lo tanto conocer todas las líneas de política de Ecopetrol y eventualmente adueñarse del control de la empresa, entonces la situación sería muy distinta y obviamente no podríamos estar de acuerdo. Entre otras muchas razones, porque implicaría privatizar una parte de la empresa por la vía de recibir fondos en dólares que fortalecerían aun más la tendencia revaluacionista que tanto daño le ha causado al país”. Por otra parte, nunca hemos estado de acuerdo con ventas de activos productivos y valiosos para llenar afugias presupuestales, pero una cosa es eso y otra muy distinta la financiación de un plan de vías troncales, de primera categoría, que nos preparen para la competitividad tan dura que tendremos en los próximos decenios, que es una de las metas en que estamos todos de acuerdo.

Con esas salvedades, nosotros pensamos, con el colega editorialista de El Espectador, que “la idea merece ser analizada de manera ponderada y juiciosa”, y no estamos de acuerdo con arrancar contra ella en una oposición inverecunda, contaminando un tema tan trascendental con afanes propios de campaña electoral, como lo hace en su artículo “Jaque mate a Ecopetrol” su defensor oficial en el Congreso, doctor Hugo Serrano Gómez.

Sin esos excesos, pero dejando la impresión de que no es partidario de la iniciativa, el editorialista de El Espectador formula un arsenal de preguntas que, según dice: “debería responder el Gobierno antes de llevar el tema al Congreso de la República”. Una de sus inquietudes: “¿Tiene sentido plantear un tema de esta trascendencia al final de un período presidencial? ¿No estará el Gobierno tratando de fijar anticipadamente las prioridades de su sucesor?” La revista Semana, por su parte, pide que “se imponga la sensatez, y el gobierno le deje a su sucesor realizar la tarea de modernización de las carreteras que este ya no alcanzó a concretar, en lugar de correr a vender activos importantes para hacer en los diez meses que le quedan lo que no hizo en siete años...”. Nosotros creemos, por el contrario, que el Gobierno debe gobernar hasta el último día y resulta contradictorio pedirle ahora que suspenda la búsqueda de financiación de obras que, no sólo están planeadas y estudiadas desde hace mucho tiempo, sino que sus mismos críticos y el país entero le han estado reclamando a gritos que acelere la construcción de la infraestructura, sobre todo la de transporte, para hacerle frente a las nuevas condiciones mundiales de competitividad.

Nosotros creemos que el Gobierno está haciendo lo debido, presentando un proyecto al Congreso, que esperamos contenga una sólida exposición de motivos, y dejando que en el debate se respondan todas las inquietudes y que se llegue, en su escenario natural, a la decisión más conveniente. Confiamos en la capacidad profesional y en la ética del titular de la cartera de Transporte, que lidera la iniciativa, y creemos que no puede dejar de considerarse el amplio debate y el respaldo que los proyectos de autopistas y dobles calzadas recibieron por parte del reciente Congreso de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.

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