Jairo Parada Corrales
El Heraldo , Barranquilla
Noviembre 30 de 2009
Todos los años, los colombianos asistimos a un ritual que nunca termina en concertación, sino en un decreto del Gobierno, el cual fija el salario mínimo del año venidero. Uno podría decir que el espíritu de las leyes 278 de 1996 y 990 del 2005, las cuales crean la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, nunca se puede materializar. El Gobierno se alía con los representantes de los empresarios y expide el decreto respectivo, dejando frustrados a trabajadores y pensionados.
Los periodistas de Barranquilla quedaron sorprendidos cuando Mauricio Santamaría, representante de Portafolio, en el seminario ‘¿Para dónde vamos?’, el pasado martes 24 de noviembre, argumentó que ante las expectativas de inflación para el 2010 del 3%, los trabajadores deberían recibir un incremento del 2%, es decir, aceptar una reducción real del 1%. Si uno hace cálculos, con un salario mínimo de $ 497,000, el aumento propuesto alcanzaría la suma de $9.940 pesos mensuales, lo cual será barrido fácilmente con las alzas que se vienen en enero, como todos los años. Ya se anunció un alza en las matrículas de los colegios del 7.5% por parte del mismo Gobierno, e igualmente se anuncian aumentos de la gasolina y cambios de estratificación que prometen alzas en los servicios públicos.
El salario mínimo es un precio que fija un piso en los mercados laborales. Pero en Colombia, los economistas ortodoxos, defensores del mercado a ultranza, defienden la tesis que tenemos un elevado salario mínimo, comparado con otros países de América Latina. A ese argumento le suman el tema de los parafiscales, y rematan su argumentación diciendo que esos salarios mínimos tan altos son los culpables de la informalidad en Colombia y del alto desempleo. Aunque reconocen que Colombia es el país con peor desempeño laboral en América Latina, en el cual, a pesar del auge vivido hasta el 2007, el desempleo bajó poco, la causa la atribuyen a un elevado costo de la mano de obra y los parafiscales. Su recomendación ante el desempleo es simple: bajar el salario mínimo con estos aumentos pírricos y que el Sena, el Icbf, las Cajas de Compensación se financien de otra forma. Ya sabemos lo que pasará con estas entidades si no se financian con los impuestos a la nómina de las empresas. Correrán la misma suerte de numerosas entidades públicas al vaivén de los presupuestos públicos. Estas entidades son de las pocas que funcionan a nivel del Estado colombiano. Será su final.
Pero es que el diagnóstico es equivocado. La causa del desempleo en Colombia es que no hemos tenido una política fiscal anticíclica ni tampoco una política real de empleo. Nuestras élites aceptan sin problema que el desempleo se dispare a más del 12%, y ya se resignaron a que seguirá alto en el 2010 hasta el 2011. Una revaluación en Colombia, más alta que en otros países, ha encarecido el empleo calculado en pesos. Los incentivos tributarios establecidos han ido contra el trabajo. El problema no es microeconómico ni de decisiones que los empresarios toman en el margen dentro de una visión de equilibrio parcial. El desempleo en Colombia es el resultado de una débil demanda agregada, no es un problema de oferta. Si los empresarios estuviesen seguros de sus ventas, contratarían todos los trabajadores que necesiten. Lógicamente no se puede abusar del aumento del salario mínimo, pues generaría inflación de costos y lanzaría una mala señal a la economía. Pero tampoco se puede caer en el cinismo de ofrecer un 2%. Lo más razonable es mejorar a los cuatro millones de colombianos con un aumento siquiera del 8% y fortalecer un poco el mercado doméstico.
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