La verdad de Angostura

Editorial

El Tiempo, Bogotá

Diciembre 15 de 2009

El jueves pasado, y al cabo de meses de expectativa, se publicó el informe final de la Comisión de Transparencia y Verdad que el gobierno ecuatoriano impulsó para esclarecer los detalles de la incursión militar colombiana en la región de Angostura, ocurrida en marzo del 2008. De inmediato, el reporte, de 131 páginas, se convirtió en el centro de un duro debate interno en el vecino país, por las implicaciones militares, políticas y de seguridad que tiene.

Según el documento, la presencia y el despliegue de la guerrilla en Ecuador son más profundos y extendidos de lo que el presidente Rafael Correa suele reconocer. "Las Farc y el narcotráfico han logrado penetrar varias instancias de los organismos políticos, judiciales, culturales y sociales", afirman en una de sus conclusiones los cinco notables que lo redactaron. Si bien estos desmienten cualquier vínculo entre el Palacio de Carondelet y la agrupación ilegal colombiana, sí confirman los nexos entre el jefe guerrillero 'Raúl Reyes' y ex funcionarios del gobierno ecuatoriano, como el ex ministro Gustavo Larrea y el general (r.) René Vargas, actual embajador en Caracas.

El informe muestra, así mismo, la desconexión existente entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas en Ecuador. Los militares del vecino país mantuvieron un "bloqueo deliberado de información" al presidente Correa sobre la magnitud real de la presencia y el accionar de las Farc al otro lado de la frontera. También se concluye que, desde la base estadounidense de Manta, se produjo "inteligencia estratégica" para la ubicación de 'Reyes'.

Para la opinión pública ecuatoriana, los resultados tangibles del documento no se equiparan con las grandes expectativas sobre infiltración del narcotráfico que los autores habían generado en entrevistas previas. Tampoco para el Gobierno en Quito, que buscaba la ratificación de su tesis referente a la activa participación de Estados Unidos en el ataque militar. No es de extrañar que el propio Correa se haya declarado "un poquito desilusionado". Si bien el reporte no logra probar en forma contundente varias de sus más polémicas aseveraciones, sus conclusiones reafirman, de cierta manera, las posiciones de Ecuador y de Colombia frente a la Operación Fénix.

Así, le da la razón a la versión de Bogotá de que solo aviones colombianos habrían participado en el bombardeo al campamento guerrillero. Además, las conclusiones de los investigadores ratifican las preocupaciones de la Casa de Nariño sobre las actividades de las Farc en Ecuador y sobre una "pretensión a nivel continental de formar un movimiento para implementar acciones políticas y militares". Por otro lado, la Comisión no encontró lazo alguno entre Correa y los grupos subversivos y dijo que la presencia de estos en la zona fronteriza fue motivada por la falta de acción de las Fuerzas Armadas y no por una política deliberada del Gobierno. Eso explica en parte el mejoramiento paulatino del clima entre las dos capitales, que condujo hace poco al restablecimiento de las relaciones diplomáticas.

En resumen, y más allá de que tanto Bogotá como Quito rechacen una que otra conclusión de la Comisión de Angostura, lo cierto es que no hay indicaciones de que el informe amenace con descarrilar el tren del diálogo que ambos países pusieron en marcha en los últimos meses. En comparación con las órdenes de captura ya suspendidas contra altos funcionarios y militares colombianos, el recuento del bombardeo no constituye un tropiezo, sino una oportunidad para que naciones hermanas vuelvan a intensificar sus actividades de cooperación, sobre todo en las zonas de frontera. La 'hoja de ruta' escrita hace tres meses demuestra nuevamente su fortaleza y su capacidad de cerrar una herida que ambos países se han comprometido a no abrir de nuevo.