Vicente Torrijos
El Nuevo Siglo, Bogotá
Diciembre 1 de 2009
Un grupillo de congresistas demócratas de los Estados Unidos hizo circular una carta con destino al presidente Obama con la ocurrencia de reducir más y más la cooperación militar entre los dos países.
Inspirados en una especie de fundamentalismo izquierdista afín al entorno ideológico y programático del chavismo colombiano, esta célula congresional, que obtiene firmas de colegas por doquier, aduce que la fumigación de cultivos debe desaparecer, con lo cual, indudablemente, las Farc se sentirán enormemente complacidas, los precios de la droga en las calles norteamericanas volverían a abaratarse, y se triplicaría el número de heridos y muertos colombianos empeñados en la erradicación manual de cultivos ilícitos (una tarea en la que el desempeño personal de McGovern sería tan pobre como el que exhibe en el Congreso).
Como si fuera poco, estos activistas, cuyo propósito no es otro que afectar el interés nacional colombiano y el cada vez más sólido sistema de cooperación colombo-norteamericano, quieren convertir al Tratado de Libre Comercio en una especie de maquiavélico instrumento de presión, es decir, en pieza fundamental de una estrategia basada en amenazas y represalias dizque para obligar al Gobierno a mejorar la situación de derechos humanos.
Aferrados como están a sus predisposiciones ideológicas, los amigos de McGovern no aciertan a comprender que, visto así, el Tratado, lejos de propiciar desarrollo compartido, fortalecer al campo contra el expansionismo revolucionario farco-bolivariano, y reducir los nexos comerciales de Colombia con el régimen de Miraflores, pasaría, justamente, a convertirse en una especie de chantaje de esos que tanto le apasionan al comandante Hugo Chávez.
En otras palabras, los legisladores que, animados por el sano propósito de ver fortalecido en Colombia el clima de derechos humanos, optan (deliberadamente) por sancionar al país antes que por revelarle al mundo cuáles son los perversos efectos del terrorismo y del expansionismo bolivariano, están afectando sensiblemente lo que tanto dicen apreciar.
Y aunque es apenas natural que al fortalecerse cada vez más la Política de Seguridad Democrática la asistencia norteamericana vaya reduciéndose hasta llegar a un deseable punto de equilibrio, la agitación con que los socios de McGovern plantean el debate se convierte en germen que carcome los cimientos de la lucha contra las drogas y el terror.
Porque señalar, emplazar y acusar al gobierno colombiano es una labor relativamente fácil para los propagandistas de todas las latitudes. En cambio, robustecer la cooperación, reforzar las instituciones democráticas y aliarse decididamente en la misión de refrenar a los regímenes belicistas (promotores de la “liberación nacional”) es un verdadero compromiso que, por lo exigente y complejo, algunos prefieren evadir.
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