Alejandro Gaviria
El Espectador, Bogotá
Diciembre 13 de 2009
Recientemente la Procuraduría General de la Nación solicitó, como parte de una acción popular en contra del Invima, que se retire del mercado la llamada píldora del día después.
El argumento de la Procuraduría puede resumirse en el siguiente silogismo: la vida humana empieza cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide, la píldora del día después impide la implantación en el útero del óvulo fecundado y debe por lo tanto considerarse abortiva y violatoria el derecho a la vida”. Según la Procuraduría, este medicamento “representa un riesgo grave, absoluto, inminente para el pleno goce del derecho a la vida”.
El argumento de la Procuraduría no es original. Es una reiteración de lo dicho en varias ocasiones por las altas autoridades da la Iglesia Católica. Hace exactamente un año, el Vaticano afirmó de manera rotunda que el uso de la píldora del día después “forma parte del pecado de aborto y es gravemente inmoral. Además, en caso de que se alcance la certeza de haber realizado un aborto, se dan las graves consecuencias penales previstas en el derecho canónico”. El Vaticano llamó también la atención sobre “la intencionalidad abortiva… presente en la persona que quiere impedir la implantación de un embrión… y que, por lo tanto, pide o prescribe fármacos interceptivos”.
Tanto el Vaticano como el Procurador están distorsionando la verdad, desconociendo los indicios científicos, creando dudas para esparcir sus preconcepciones (en un doble sentido). En un artículo publicado en la revista de la Asociación Médica de los Estados Unidos, los científicos Frank Davidoff y James Trusell afirman tajantemente que no existe ninguna evidencia compatible con la hipótesis vaticana. En su opinión, todos los estudios disponibles indican que la píldora del día después opera a través de mecanismos contraceptivos, no interceptivos. En suma, el Vaticano ha adoptado una posición fundamentalista, contraria a la ciencia. Y en Colombia, el Procurador resultó literalmente más papista que el Papa.
Este debate podría servir para revisar una decisión del Invima que impide el acceso real de muchas jóvenes a los anticonceptivos de emergencia. El Invima decidió, hace ya varios años, que la píldora del día después sólo puede ser vendida con fórmula médica por tratarse “de un producto hormonal de manejo cuidadoso con indicaciones específicas, contraindicaciones y precauciones definidas”. Pero estas precauciones, ya desmontadas en casi todos los países desarrollados, pueden resultar muy perjudiciales. En la práctica equivalen a una prohibición. Por pudor o falta de contactos, muchas adolescentes no pueden conseguir la fórmula requerida y, por lo tanto, no consiguen acceder, con la premura necesaria, a la píldora del día después.
Recientemente un juez estadounidense derogó una resolución implantada durante el gobierno de Bush que prohibía la venta sin fórmula médica de anticonceptivos de emergencia a menores de edad. Las organizaciones médicas respaldaron, de manera casi unánime, esta decisión judicial. Los reguladores colombianos deberían estudiar con detenimiento las razones jurídicas y científicas de esta decisión con el propósito de permitir, tarde o temprano, la venta libre de la píldora del día después. El Procurador vino por lana y (por obra y gracia de la justicia divina) podría salir trasquilado.
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