Editorial
El Mundo, Medellín
Diciembre 17 de 2009
La Comisión también abunda en pruebas de la presencia de las Farc en Ecuador y, particularmente, de su segundo al mando, ‘Raúl Reyes’.
Aun cuando ya escribimos el domingo un primer editorial sobre el informe de la Comisión de Transparencia y Verdad ‘Caso Angostura’, nombrada por el presidente Rafael Correa el 25 de marzo de 2009, y lo hicimos con base en resúmenes de prensa ecuatorianos, resolvimos bucear en el farragoso y exhaustivo documento de 131 páginas, y encontramos algunos sorprendentes hallazgos y consideraciones de los comisionados, que vale la pena compartir con los lectores, empezando porque formulan una delicada acusación que se sale del marco de las relaciones entre Colombia y Ecuador, en camino de franca recuperación – como aquellos lo resaltan – y toca, así sea tangencialmente, un tema que está en la raíz del actual conflicto colombo-venezolano y es el contubernio del gobierno chavista con las Farc.
Encontramos que en el informe no sólo se hace una amplia referencia al II Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana, CCB, celebrado, como se sabe, en Quito, en la última semana de febrero de 2008 – está documentado que un grupo de los delegados a ese evento fueron huéspedes de “Raúl Reyes” pocos días antes de que se produjera el ataque del ejército de Colombia a su campamento – sino que se remite al origen de ese aparato de la “política exterior” de las Farc: “La CCB nació como un proyecto político internacional de las Farc y su principal vocero, Narciso Isa Conde, recibió instrucciones del Secretariado para crear el movimiento en el 2003”. Se dice además que ‘Iván Márquez’ – hoy en Venezuela - y Mónica Granda, hija de Rodrigo Granda, “encabezaron los esfuerzos para crear la CCB”.
Y aquí viene lo más interesante: la Comisión sostiene que en el I Congreso de la CCB, reunido en Caracas los días 10 y 11 de agosto del 2005, se definió un modelo de trabajo que luego se reprodujo en la segunda versión de Quito: “seminarios previos, el encuentro central y el ‘campamento’, concebido como espacio de capacitación y entrenamiento a activistas de las luchas antiimperialistas” del continente. Y agrega: “El ‘campamento’ estaba bajo la conducción directa de las Farc y en Venezuela se realizó en el Fuerte Tiuna, sede del Ministerio de Defensa”. Es una denuncia sumamente grave, sobre la que reina un silencio sospechoso, pues se trata de que, dentro de la principal instalación militar de Caracas y seguramente con apoyo logístico oficial, se habría dado instrucción en guerra de guerrillas a civiles de distintos países; y no deja de ser especialmente significativo que tal denuncia la haga precisamente una Comisión nombrada por quien hasta ahora había sido considerado uno de los socios del coronel Chávez en la empresa del “Socialismo del siglo XXI”, lo que la hace más digna de crédito. ¿Qué pensará ahora el señor Correa de esa sociedad, cuando sus comisionados le están diciendo que la delegación venezolana al II Congreso de la CCB, la más grande que llegó a Quito, “fue financiada por el Gobierno de su país”, y además que dos chavistas furibundos, el mencionado Isa Conde y el político Amílcar Figueroa, éste último con orden de captura en Colombia por farcpolítica, “fueron enviados desde Venezuela para coordinar el capítulo Ecuador” de la CCB y se reunieron con el entonces ministro de Seguridad de su gobierno, Gustavo Larrea?
Aparte de eso, la Comisión también abunda en pruebas de la presencia de las Farc en Ecuador y, particularmente, de su segundo al mando. Relata cómo, entre marzo y abril de 2007 – un año antes del ataque -, por medio de fuentes documentales, fotografías y testimonios de testigos, “se detectó la presencia itinerante de ‘Raúl Reyes’ en el Ecuador” y luego, en los meses y semanas anteriores a los hechos de Angostura, “se ubicaron sus posibles ‘caminos de paso’ y lugares que frecuentaba. ¿Por qué – se preguntan los acuciosos comisionados – no se operó su captura?” A renglón seguido presentan siete pruebas puntuales, con fechas y otros detalles, de esa presencia, y hacen el siguiente cargo: “Estas informaciones que están siendo divulgadas en la actualidad, se conocían (por las autoridades ecuatorianas) y no se actuó apropiadamente. Hay indicios de incapacidad, corrupción e incumplimiento de protocolos militares y policiales”. También dice la Comisión que “respecto a lo que se conoce como ‘turismo revolucionario’, que se desarrolló alrededor del Congreso Bolivariano en Quito, es inaceptable que no se detectaran o se le diera seguimiento a las visitas continuas de extranjeros al campamento de Angostura”. Y concluye: “Después del bombardeo, surgen videos y documentos, suministrados por agentes de inteligencia y otros actores políticos, que muestran el conocimiento que se tenía de esos viajes. Ahora se hace público lo que ayer debió ser procesado correctamente”.
Aun cuando no hay todavía un pronunciamiento oficial del Gobierno Correa sobre las conclusiones del Informe, el mismo implica, sin duda, una especie de “mea culpa”. No de otra manera puede interpretarse este párrafo del Preámbulo, escrito por el Comisionado Coordinador, Francisco Huerta Montalvo: “El respeto al territorio, pilar de una Soberanía innegociable, estuvo violentado por una incursión armada, gestada a partir de desconfianzas; y también por visiones empañadas por miedo y sufrimiento de años de violencia. Territorio vulnerado igualmente por la presencia de la narcoguerrilla colombiana, ésa que en otro tiempo fuera, en el imaginario colectivo ecuatoriano, la ‘romántica’ guerrilla de las Farc”. Ya aparecieron en Ecuador las descalificaciones del Informe por parte de los ‘lambones’ del poder, que nunca faltan, cuando harían mejor en aprovechar las muy rotundas verdades que les provee el Informe de una comisión que, como dicen sus autores: “estuvo siempre atenta a no caer en la tentación de arribar a conclusiones rápidas a partir de soportes temerarios”.
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