Refrito de Foncolpuertos

Mauricio Botero Caicedo

El Espectador, Bogotá

Diciembre 6 de 2009

En medio de una aberrante e incomprensible impunidad, y ante las atónitas miradas de las autoridades, lo que está ocurriendo en la antigua Telecom es la repetición (con algunas variantes menores) del escándalo de Foncolpuertos, en donde una heterogénea caterva de cacos y pícaros de todos los estratos económicos y sociales defraudaron por miles de millones de pesos a la Nación.

Se trata nada menos que del uso legal —aunque abusivo, cuestionable, e improcedente— de la tutela, una todopoderosa arma constitucional que es utilizada por los cacos para expoliar a la Nación. En Colombia, país singular, el arma del atracador al Estado se la proporciona es el atracado.

La valerosa denuncia del nuevo saqueo la hace la sagaz ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, María del Rosario Guerra, en entrevista que le concedió a la periodista Cecilia Orozco y que fue publicada en El Espectador . Las evidencias apuntan a un concierto para delinquir por parte de un cartel integrado por jueces venales o ignorantes (o ambas cosas a la vez), abogados pícaros y ex funcionarios codiciosos, para esquilmar al liquidado Telecom.

¿Y cómo está compuesto y cómo opera este nuevo cartel? Son hoy por hoy unos 12 a 15 abogados de Córdoba que en manguala con unos treinta jueces (principalmente de Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia) han copiado una astuta —aunque poco original al ser un refrito de Foncolpuertos— estrategia jurídica. Este cartel ha logrado fallos en contra de el Estado por $120.000 millones (de los cuáles sólo $35.000 millones se han pagado), pero de no frenar este desangre, mañana pueden ser dos billones. El modus operandi es relativamente sencillo: la recua de abogados acude ante un juez promiscuo o penal (ojalá de pueblos como Lorica), quien admite con pasmosa rapidez la tutela y otorgando sólo 48 horas para responder, ordena embargar las cuentas del antiguo Telecom. Plata en mano, el juez divide el botín por mitades entre los accionantes y los abogados. Un juez penal en Montería, en nombre de unos accionantes en Boyacá, recientemente repartió la no despreciable suma de $1.527 millones de esa manera.

Este columnista no puede entender cómo las autoridades no tomaron medidas para impedir una repetición de Foncolpuertos. Es inaudito que los jueces promiscuos y penales, no especializados en asuntos laborales, fallen sobre temas en los cuales no tienen preparación alguna, y arropados en una caprichosa y seguramente ilegal interpretación del derecho de la tutela, se hagan cómplices de la rapacidad de unos abogados pícaros que representan a unos ex funcionarios codiciosos. Y ante la muy probable impunidad en que va a quedar este nuevo atraco a la Nación, uno se pregunta si en realidad Colombia no es irremediablemente un país de cacos que operan con todo el respaldo de la Constitución. ¿Tendría Hernando Martínez Rueda toda la razón cuando escribió “Caconia”, su inmortal sátira? (de la cual transcribo los dos últimos versos):

Todo caco del mundo quisiera vivir en Caconia

Porque allí es un Brahamín, es un lord, un Medina Sidonia;

Y como es palestina al sionista y Ucrania al cosaco,

Es Caconia la patria ideal de cualquiera que es caco.

Es lo más natural que se sienta en su casa todo caco en Caconia,

Como crece feliz en mitad del pulmón la neumonia.

Y la acción más Bolonia, y la más infantil ceremonia,

Es poner contra un caco un denuncio por robo en Caconia;

Porque el juez que es caconio, a la vez tan cabal como probo,

Suelta al caco en razón de que el caso fue de hurto, no robo.

Fuero igual no tuvieron siquiera los zares;

Porque al caco, y es claro, en Caconia lo juzgan sus pares.