Una nueva forma de esclavitud

Maria Elvira Forero

La Patria, Manizales

Diciembre 17 de 2009

En los últimos días, he leído y escuchado en varios medios de comunicación informaciones y comentarios que mencionan la existencia de por lo menos 15.000 menores de edad en las filas de grupos armados ilegales. Algunos de ellos señalan como fuente de información al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, lo que no es exacto.

En el caso de los niños y jovencitos arrebatados del seno de sus hogares por grupos armados al margen de la ley, el tema, de suyo repudiable, adquiere mayor relevancia porque se trata de personas sometidas a penosas condiciones, que requieren de todo el respaldo de la sociedad para alcanzar la oportunidad de estructurar un proyecto de vida.

A pesar de que no existen cifras oficiales sobre menores de edad vinculados con grupos armados ilegales (porque son circunstancias ocultas y lo oculto no se puede medir), las proyecciones pueden resultar exageradas, de tal manera que es posible retirar un cero de los cálculos mencionados y hacer una aproximación a algo así como 1.500 niños y adolescentes. Con mayor razón, cuando la desmovilización de grupos de autodefensa, trajo por razones obvias una disminución de la participación de niños y jóvenes en estos grupos.

El propósito fundamental sería que ningún niño, niña ni adolescente fuera arrancado del seno de su hogar para incorporarlo a las filas de la violencia.

El Gobierno adelanta acciones concretas para evitar el reclutamiento de niños y niñas en campos y ciudades, y desarrolla un programa de especial atención con niños desvinculados de grupos armados ilegales que entre 1999 y noviembre de este año ha cubierto a 4.136 niños.

Existe, además, una comisión interinstitucional del más alto nivel, encabezada por el Vicepresidente de la República, con la participación de todas las agencias del Estado, para estructurar políticas que conduzcan a la prevención del reclutamiento.

El ICBF ha estado siempre atento al cumplimiento de sus obligaciones legales de protección, rehabilitación y acceso a la justicia de niños desvinculados. En el programa antes mencionado, que lleva 10 años de vigencia, los niños y jóvenes desvinculados cuentan con la protección de una familia; están en un hogar. Si no es su familia biológica, cuentan sí con todo el afecto y el apoyo psicosocial para que se sientan amados, valorados y respetados. Es nuestro propósito que este programa tenga la mayor visibilidad para que la opinión pública nos ayude a erradicar prácticas tan deplorables como la vinculación a los grupos violentos.

En todos los escenarios, el ICBF promueve un rechazo rotundo al reclutamiento de niños y jóvenes y fortalece las estrategias para que todos regresen a sus hogares, al seno de la sociedad, en el menor tiempo posible. Por eso, el ICBF intensifica acciones de manera que los niños entiendan que tienen una oportunidad en la sociedad y eviten ser seducidos por las promesas falsas de los grupos al margen de la ley o tomen la decisión de salirse de éstos, si ya están incorporados.

Los grupos armados saben que la presencia de menores de edad en sus filas no sólo contraviene la justicia colombiana sino la internacional, que condena de manera enfática estas prácticas.

Es necesario hacer énfasis en una mayor toma de conciencia de la sociedad colombiana sobre esta nueva forma de esclavitud que nos afecta política, social y moralmente. Desde el punto de vista interno, debilitando a uno de los sectores más sensibles de la sociedad, como es el de la infancia y la adolescencia; y en el externo, creando una imagen de indiferencia de la sociedad colombiana respecto de grandes retos como este.