Contra la impunidad

Editorial

El Mundo, Medellín

Enero 12 de 2010

Tendrán que hacer todo a su alcance para acelerar la toma de decisiones de fondo: la Fiscalía tendrá que aportar sus pruebas con celeridad; el juez, resolver a conciencia, y la Procuraduría Judicial, ejercer una vigilancia activa y exigente sobre las actuaciones del proceso.

En lo que nuestras pesquisas y memoria alcanzan a buscar y recordar, no hemos encontrado casos de una reacción semejante a la que tuvo el Gobierno Nacional para tratar de evitar que los casos de “falsos positivos” queden en la impunidad. Primero fueron las drásticas sanciones a miembros de las Fuerzas Armadas sospechosos de estar comprometidos en esos escándalos, y ahora, tras una controvertida decisión judicial, ha llegado la orden disciplinaria del Ministerio de Defensa y el Comando de las Fuerzas Militares, que obliga al confinamiento de los militares que el Juez Cuarto de garantías de Soacha excarceló al promediar la semana pasada. El presidente Uribe, sumándose a la enérgica reacción, repudió la actuación del Juez y demandó decisiones de fondo en el proceso. Esas sí que son pruebas de que la seguridad democrática se ha construido con transparencia, respeto por las normas internacionales y acatamiento pleno de la ley.

La pronta reacción de las agencias internacionales de noticias y el despliegue de importantes medios a la decisión del doctor Gabriel Silva Luján y el general Freddy Padilla de León de confinar en una unidad militar a los tres suboficiales y catorce soldados acusados del homicidio de Jader Palacio, Diego Tamayo y Víctor Gómez ocurrido en Soacha, da fe del interés que despertó la demostración de que el Gobierno no patrocina ni está dispuesto a aceptar que miembros de las filas violen los Derechos Humanos o el Derecho Internacional Humanitario. Igual atención obtuvo el comunicado de la mañana de ayer en el que el Presidente deploró la apelación al vencimiento de términos y lamentó que ella pueda dejar sin solución un supuesto crimen que se ha usado hasta la saciedad para tender mantos de duda sobre la integridad de las Fuerzas Militares.

Tras el amplio despliegue que recibió la decisión del juez de Soacha, las familias de los tres hombres cuyos cuerpos aparecieron en agosto de 2008 en Ocaña, Norte de Santander, después de haber desaparecido de Soacha, Cundinamarca, y los defensores de derechos humanos se declararon alerta por el riesgo de que los sindicados quedaran fuera del alcance las autoridades judiciales, que los siguen investigando por los delitos aun no esclarecidos. La medida disciplinaria adoptada por el Ministro de Defensa y el Comandante de las FF.MM. les demuestra a esos interesados que el gobierno no pretende torpedear las investigaciones penales o evitar el castigo de los militares a los que se les demuestre responsabilidad en delitos.

Para los militares, su confinamiento en el Batallón de Artillería Nro. 13 general Fernando Landazábal Reyes y la orden de no asignarlos a misiones tácticas u operativas y de dejarlos a cargo de tareas internas de la unidad donde quedan concentrados es señal suficiente de que el doctor Silva y el general Padilla tienen “compromiso y disposición de colaborar con las autoridades judiciales en el esclarecimiento de los hechos” y una muestra de que no cuentan con la alcahuetería de sus superiores. Si el juez pretendió darles un privilegio, lo que hizo fue alargar su agonía dentro del proceso.

Como a la acción disciplinaria se ha sumado el señalamiento del Presidente de que la decisión de libertad por vencimiento de términos hace que la Fuerzas Armadas sientan “afectado su honor, que solo se salva con decisiones justas y de fondo que absuelvan o condenen”, queda claro que los responsables del proceso tendrán que hacer todo a su alcance para acelerar la toma de decisiones de fondo: la Fiscalía tendrá que aportar sus pruebas con celeridad; el juez, resolver a conciencia, y la Procuraduría Judicial, ejercer una vigilancia activa y exigente sobre las actuaciones del proceso.

Una decisión judicial de fondo, no por meras razones procedimentales, deberá conducir a que, si hay responsabilidad, se adopte una sanción ejemplar y disuasiva para otros miembros de las Fuerzas Armadas, sobre la obligatoriedad de acatar las órdenes superiores en materia de sometimiento al Derecho Internacional Humanitario y respeto a los Derechos humanos. Si los soldados son declarados inocentes, esta disposición deberá ser promulgada a los cuatro vientos como justa compensación para devolverles su honor puesto en duda.

Ante la seriedad y claridad con que el Gobierno ha asumido su responsabilidad de evitar la impunidad en el hecho, compete a los organismos humanitarios y los medios de comunicación demandar de la Justicia actuaciones en igual sentido dentro de un proceso penal que es complejo por sus procedimientos, en los que se debe vigilar el respeto a las garantías de todas las partes, y por sus implicaciones políticas, cuando tantas aves de rapiña de la extrema izquierda buscan oportunidades para hacer quedar mal al Estado colombiano ante el fiscal de la Corte Penal Internacional y obtener así una victoria en su ofensiva contra las instituciones de nuestro país. Compete, pues, a la justicia, defender la dignidad de la Nación y de las Fuerzas Militares y recuperar la confianza ciudadana que pone en juego con esta clase de determinaciones.