Eduardo Mackenzie
Blog Debate Nacional, París
11 de enero de 2010
La principal lección de lo ocurrido con la efímera puesta en libertad, por vencimiento de términos, de 17 militares implicados en el grave episodio conocido como “los falsos positivos de Soacha”, es que en Colombia, definitivamente, no existen los llamados crímenes de Estado.
Pocas horas después de que la prensa anunciara esa excarcelación, el gobierno y los altos mandos de las Fuerzas Militares ordenaron que los 17 soldados fueran llevados a un cuartel para que permanezcan allí, en calidad de detenidos, hasta que el proceso que todos ellos esperan desde hace seis meses se realice y culmine en las respectivas sentencias, ya sean condenatorias o absolutorias.
Más exactamente: el traslado de los militares al batallón de Policía Militar 13 de Bogotá, fue ordenado por el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, y por el ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján. Los acusados permanecerán allí, dijeron, hasta que se les resuelva la situación jurídica. Los dos altos funcionarios declararon que los hechos “deben ser esclarecidos lo más pronto posible para que los responsables de estos delitos sean castigados”.
Por otra parte, el juzgado 12 penal municipal negó la solicitud de libertad para otros siete militares acusados por la muerte, en 2006, de un campesino en un corregimiento del Valle del Cauca.
En otras palabras, el Estado colombiano no exige, ni trabaja, ni conspira para que el grave episodio de los “falsos positivos” culmine en procesos turbios o en actos de impunidad inaceptables. El Estado no aceptó siquiera que esos militares obtuvieran un beneficio procesal previsto por la ley.
En cambio, ¿donde están las protestas de los Iván Cepeda y los Gustavo Petro, y de los otros jefes de la izquierda colombiana, por la rápida evaporación en la naturaleza de los siete guerrilleros capturados en el campamento de alias "Negro Antonio" de las Farc, el 27 de febrero de 2009, y dejados en libertad el pasado 29 de diciembre por otro juez que invocó el vencimiento de términos? ¿Por qué ese laxismo de la justicia? ¿Dónde están esos excarcelados? ¿Alguien ha pedido la anulación de esa medida y que esos individuos se presenten ante las autoridades?
Nadie lo ha pedido, salvo el general Freddy Padilla de León y el Presidente Álvaro Uribe. El fiscal (e) Guillermo Mendoza y el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, quienes se mostraron indignados por la excarcelación de los 17 militares, no dijeron nada sobre la suerte idéntica corrida por los secuaces del "Negro Antonio". Mendoza y Pérez criticaron la excarcelación de los soldados y no pidieron la recaptura de los guerrilleros. La Fiscalía sólo apeló la decisión de una juez. La prensa cayó también en ese sospechoso maniqueísmo.
Nadie tampoco protestó ni alertó por las maniobras en curso para poner en libertad, por "vencimiento de términos", a Miguel Ángel Beltrán, alias "Jaime Cienfuegos", o "Jaime Ernesto Larrota", miembro de la comisión internacional de las Farc, deportado de México el 22 de mayo de 2009 y capturado por la Policía al ingresar a Colombia.
Si no se puede decir que en Colombia hay crímenes de Estado, sí se puede decir que en Colombia hay crímenes de los enemigos del Estado. El Estado acude a la ley para que los funcionarios acusados de crímenes sean debidamente investigados y juzgados. Los segundos hacen lo contrario: tratan de que sus cómplices, o sus presuntos combatientes, y hasta sus terroristas convictos y confesos, escapen a la justicia y queden en libertad, al precio que sea. Ese bando es experto en utilizar las estratagemas más complicadas para lograrlo. Gustavo Petro, ex jefe del M-19, está en libertad, es senador, y quiere convertirse en presidente de la República. Varios militares que lucharon contra el acto terrorista más atroz del M-19, el asalto al palacio de Justicia, están en la cárcel sin que obre contra ellos prueba alguna. El proceso del coronel Luis Alfonso Plazas Vega, detenido y maltratado desde hace tres años, es el mayor escándalo judicial de hoy en Colombia, sin que ello llame la atención de las buenas almas de los derechos humanos. Así va en Colombia la falsa teoría de los “crímenes de Estado”.
Los 17 militares del caso Soacha habían pasado 208 días sin que se les realizara el juicio oral que el sistema penal vigente exige realizar antes de 90 días, tras la detención. ¿Qué pasó con la confianza que exhibía la prensa acerca de la culpabilidad de esos uniformados? ¿Dónde están las pruebas contra ellos? Una de dos: o las pruebas no existen, y muchos de ellos son inocentes y la Fiscalía no quiere admitirlo, o son culpables y la Fiscalía tiene pruebas pero quiere dilatar el asunto por razones obscuras.
La no celeridad en el caso de los 17 militares inculpados le sirve a la guerrilla. Quienes tratan de apuntalar la teoría de los crímenes de Estado necesitan que la agitación mediática dure y que haya militares presos en un limbo jurídico. Si la justicia funciona, la situación se aclara, el mercado de las cifras falsas se reduce y el globo difamatorio se desinfla. ¿El uso de las excarcelaciones por “vencimiento de términos” es una nueva manera de dilatar la confusión? ¿Es un truco para hacer creer en el exterior que en Colombia hay crímenes de Estado? ¿Por qué coincidió eso con las declaraciones irresponsables de Christian Salazar, miembro de la Alta Comisión de la ONU para los Derechos Humanos, quien dijo estar “extremadamente preocupado” por la excarcelación de los 17 soldados, sin decir una palabra sobre la soltada de los nueve guerrilleros? ¿Es una casualidad que en esos mismos días se anuncie la reapertura de las investigaciones de crímenes ya investigados y sancionados con el argumento de que en esas muertes pudo haber manos oficiales?
Es legítimo pensar que la inesperada avalancha de “vencimiento de términos” hace parte de algo. ¿Quieren los manipuladores de jueces darle munición a quienes mienten al decir que en Colombia la justicia no existe? ¿Para abrirle la ventana a la Corte Penal Internacional creyendo que ella los ayudará en su labor de desestabilización? ¿Por qué una buena decisión –declarar crimen de lesa humanidad el asesinato de Luis Carlos Galán— que prueba que el Estado busca toda la verdad al respecto, trata de ser cambiada en su contrario, en la idea de que el Estado colombiano comete y oculta crímenes?
¿Por qué gente vinculada al M-19 en España comenzó una campaña con ese tema? ¿Por qué utilizan los servicios de un propagandista ducho en amalgamar rumores? ¿Por qué éste, sin respaldo alguno y utilizando torticeramente el adverbio “probablemente”, pretende hacer creer que en los asesinatos de los tres candidatos presidenciales de 1989-1990 --Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro-- intervino la mano del Estado? La lógica de esa campaña es clara: hacer creer que, finalmente, Pablo Escobar, y los mafiosos y paramilitares de la época, no son los verdaderos responsables de esos atentados, como bien lo probó la justicia colombiana. Alguien mueve los hilos de esa intriga que pretende disculpar a esos bandidos para trasladar la culpa al Estado.
Si el Estado colombiano sigue haciendo el papel del tonto a quien se le pueden poner todos los sombreros sin que despierte, ese juego dudoso triunfará en cuestión de semanas, en plena campaña electoral. Pues la nueva serie de patrañas busca quizás eso: crear confusión y obnubilar al electorado.
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