Aurelio Martínez Canabal
El Nuevo Siglo, Bogotá
Febrero 16 de 2010
Con el rótulo utilizado en su presentación por Guillermo Perry, he titulado esta columna. La intervención del exministro de Minas y Energía y de Hacienda y Crédito Público tuvo lugar en el Seminario “Repercusiones que en la economía colombiana tiene la inversión extranjera en el sector minero-energético”, realizado la semana anterior en Bogotá, por iniciativa del Colegio de Abogados de Minas y Petróleos, la Asociación Colombiana del Petróleo y el Organismo Latinoamericano de Minería. El foro contó igualmente con la participación de Carlos Caballero Argáez y de Juan Camilo Restrepo, ambos titulares que fueron de la cartera de Minas y Energía y el último también del despacho de Hacienda y Crédito Público.
Las cifras que se vienen registrando, sobre el flujo de capitales foráneos destinados a la exploración y a desarrollos en minería y la industria de hidrocarburos, motivó la convocatoria del evento. Los números hablan por si solos: en el 2008, de un total de inversión extranjera en cuantía de USD$10.583 millones, el sector minero-energético recibió USD$5.330 millones, y en los primeros 9 meses del 2009, según datos del Banco de la República, USD$4.816 millones tuvieron similar destino, con una equivalencia de 74% frente al monto global captado.
Confirmándose el sesgo cultural que nos previene ante la prosperidad, no han faltado quienes han visto en este fenómeno económico una especie de maldición gitana. Se nos habla de una posible “enfermedad holandesa”, que ocasionaría una espiral inflacionaria, y se llama la atención sobre alguna volatilidad que se presenta en las cotizaciones de estos “commodities”. Por el contrario, el exministro Restrepo se refirió al “saludable auge” de las actividades minero-energéticas, criterio compartido por sus colegas Caballero Argáez y Perry. Otra cosa es la forma como maneje el Estado colombiano esta favorable coyuntura.
Las positivas experiencias de Noruega, Chile e Indonesia, así como de Australia, Canadá y Nueva Zelanda, son aleccionadoras. Se requiere sí una responsable política fiscal. Y es aquí donde pueden surgir las verdaderas preocupaciones. Con un desequilibrio fiscal que entre el 2009 y el 2015 podría representar el 0,7% del PIB, se impone disciplinar las finanzas públicas. Es inaplazable darle vigencia a una auténtica “regla fiscal”, como lo ha planteado en buena hora el ministro Óscar Iván Zuluaga, que corte de raíz el desfase entre los recaudos y las expensas del fisco. Un primer paso sería la rigurosa aplicación de la Ley 819 de 2009, que prohíbe expedir, en nivel nacional y territorial, presupuestos deficitarios.
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