La emergencia en salud

Adriana Gutiérrez Jaramillo

La Patria, Manizales

Febrero 19 de 2010

Muy duro le ha tocado al gobierno para salir a defender las medidas tomadas frente a la emergencia del sector salud. El presidente Uribe se ha tenido que emplear personalmente y a fondo en los medios de comunicación, para explicarle a los colombianos las razones por las cuales se declaró la emergencia y el contenido de los decretos que modifican el sistema de seguridad social. Poco a poco se han echado para atrás algunas de las medidas y se han ajustado otras, lo que indica claramente que vendrán más modificaciones, ya que si la Corte avala la emergencia, el Congreso deberá volverlas leyes y con toda seguridad serán muchos los cambios.

A lo que le corresponde al Congreso hacia delante, es a lo que me quiero referir, ya que en los decretos hay algunas cosas positivas, otras no tanto, y hay medidas que para saber exactamente si son beneficiosas o no, hay que esperar hasta julio que se divulgue el nuevo POS y a que se expidan algunas reglamentaciones.

Se debe garantizar el mayor flujo de recursos en el sistema, acabar definitivamente la intermediación inoficiosa que existía con los municipios y que se giren directamente los recursos del subsidiado a las instituciones hospitalarias que prestan los servicios, hacer más expeditos los trámites ante el Fosyga y mantener los recursos que por vía de mayor IVA a licores, cigarrillos y juegos, requiere el sistema. Es indudable que la crisis ameritaba la emergencia, ya que la falta de recursos y el hecho de que no fluyeran oportunamente, iba a colapsar la prestación de los servicios de salud. El Congreso debe buscar con el ejecutivo en la próxima legislatura, cómo inyectarle recursos adicionales, ya que la magnitud de lo que se requiere es muy grande y con los recursos que van a proveer los decretos no será suficiente.

Se le deben dar todos los instrumentos a las entidades de control y a la Superintendencia de Salud, para que con las demás autoridades competentes, se combata la corrupción en el sistema. Apropiarse de los dineros de la salud de los colombianos debe ser considerado un delito atroz. A las EPS, hay que ponerlas en cintura, para que autoricen los procedimientos incluidos en el POS, sin tener que esperar fallos de tutela, ya que la Corte ha sido muy clara y categórica en el cubrimiento universal.

El Congreso también debe velar, porque se cumpla lo prometido por el Gobierno, que la nivelación de los planes obligatorios de salud sea por lo alto y permitiendo el acceso a los especialistas y que los médicos tengan el trato que merecen los profesionales que ejercen una de las más dignas y encomiables labores.
Con mucho cuidado, se debe legislar en materia de regulación de precios de los medicamentos, los precios de algunos que se obtienen a través de tutelas, son exorbitantes, frente a los precios en otros países. Es un deber suministrarlos a los pacientes que lo requieran, pero el Estado debe vigilar estos precios escandalosos.

El ciudadano, está confundido, la avalancha informativa a favor y en contra, genera mucha incertidumbre, y le corresponde al nuevo Congreso afrontar legislativamente, el revolcón que requiere el sistema de salud, contando con la academia, los científicos, los profesionales de la salud, y en especial con los pacientes. Seamos muy propositivos frente a lo que se vaya a modificar y pensemos que sí podemos aprovechar los beneficios de obtener mayores y más ágiles recursos para la salud