José Manuel Restrepo A.
El Nuevo Siglo, Bogotá
Febrero 4 de 2010
Inoportuna e inadecuada resultó la más reciente propuesta del presidente Uribe para crear una red pagada de informantes estudiantes en las grandes ciudades, como alternativa para reducir la inseguridad y frenar los actos delictivos. Una idea más que para algunos tenía el propósito de caldear el escenario político y para otros resulta una opción desesperada que busca solucionar el aumento en delincuencia que se está generando en ciudades como Medellín, terminó siendo criticada por incluso miembros del gabinete ministerial.
A todas luces dicha propuesta pretende instaurar una cultura equivocada que hace de una obligación de todo ciudadano, cual es la de informar la presencia de actos delictivos o de personas sospechosas, una mercancía que debe estar mediada por un pago. De esta manera se instaura la cultura del ”sapo pagado” y se desvirtúan las obligaciones de cualquier ciudadano. Adicionalmente en el caso de un estudiante en proceso de formación personal no constituye un gran ejemplo ni de vida, ni de actuación personal. Los acostumbra a que responderle al Estado supone una tarifa.
Pero dicho lo anterior, esta propuesta ha dado lugar a otras también del Presidente que van en la dirección acertada para eliminar ese terrible mal del delito en las grandes ciudades. Una de ellas habla de la posibilidad de fortalecer la red de informantes taxistas en ciudades como Cali, haciendo uso de sus propios sistemas de comunicación. Propuestas como estas o en general la idea de fortalecer las redes de informantes siempre serán un camino expedito para reducir la delincuencia y contribuir a que todos nos sintamos tranquilos viviendo en las ciudades.
Lo simpático del asunto es que inmediatamente sale una propuesta como estas del presidente Uribe no demoran los críticos en afirmar que es una forma de revivir los grupos de autodefensa y las Convivir, que están armando a la población civil (como si los medios de comunicación fueran armas, o como si la información fuese un arma mortal), que la política de seguridad democrática ha fallado, que estas estrategias son mafiosas y muchos otros desatinos. Lo que desconocen estos críticos es que modelos similares se han adoptado en grandes ciudades del mundo como Santiago, París, Londres y otros.
La verdad es que la seguridad democrática funciona más eficazmente en poblaciones rurales para enfrentar a la guerrilla y que era indispensable una nueva estrategia de seguridad urbana que, además, respondiese a la incapacidad de los propios alcaldes. Por ello es bienvenida esta nueva propuesta. No faltarán, claro, los enemigos sistemáticos del gobierno o los propios amigos del terrorismo, para quienes estas medidas les parecerán fascistas, o serán una razón más para descalificar al gobierno.
La verdad, ellas responden a la obligación que tenemos todos los colombianos de actuar contra el delito en Colombia. No se puede seguir pensando que la violencia y la delincuencia en Colombia son asunto exclusivo del Ejército y la Policía. Todos somos parte de la solución posible
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