Los líos del juez Garzón

Editorial

El Nuevo Siglo, Bogotá

Febrero 16 de 2010

En España cuando el juez Baltasar Garzón se ve envuelto en severos cuestionamientos por sus explosivas decisiones judiciales, en ocasiones con inconfundible sesgo político, se defiende con el argumento de que los politiqueros son los que lo acusan de bailar desde los estrados en la cuerda floja y cubrir con la toga sus odios contra las derechas española y foránea, él niega ser un juez rojo. Lo que ocurre es que el famoso juez Garzón estuvo en las listas socialistas para diputado, sin alcanzar el número de votos para salir elegido, desde entonces lleva ese INRI en su frente, aunque se declare independiente o niegue que la ideología pese en sus decisiones. Así se ufana de haber conseguido quitarle el sueño al general Augusto Pinochet en Londres, contra el que lanzó una orden internacional de arresto, sin importar su jurisdicción y que fueses aliado de los ingleses en la guerra de las Malvinas. Tan controvertido zarpazo a la soberanía chilena y de asumir por cuenta propia el riesgo, le valió el apoyo de numerosas ONG mundiales, que destacaron su valor y audacia, lo mismo que el aplauso de la izquierda global, todavía polarizada por los reflejos de la guerra fría.

Por si fuera poco, el juez Garzón ha sido acusado en diversas ocasiones de excesos de poder, no declarar algunas sumas de dinero recibidas en el exterior siendo funcionario de la rama judicial y por la sospechosa relación con un poderoso banco español. Como se sabe el juez Garzón, como otros socialistas y numerosos españoles, acaso, sin nomenclatura política, es un ardiente revisionista del gobierno del general Francisco Franco. Y, claro, se muestra contrario a los horrores de la Guerra Civil Española, en particular contra los nacionalistas que la ganan y se adueñan del poder con Franco. Él quiere juzgar sus crímenes, sin importar que desde hace años estén muertos. Esta dispuesto a colgarlos en esfinge, quiere exorcizar el pasado. Pretensión en la que están otros españoles que, por supuesto, apoyan sus desplantes. Para proceder contra el fantasma del franquismo, como sostiene el Tribunal Supremo, el juez desconoció la Ley de Amnistía promulgada por las Cortes españolas en 1977. Ley que se promulga con la idea de cerrar las heridas de la Guerra Civil y consagrar la convivencia, para que no se repitan los excesos que en el pasado ensangrentaron ese país.

El juez Garzón no comparte el espíritu de la Ley aprobada por las Cortes, con el asentimiento de millares de españoles deseosos de colocar una lápida entre el pasado y el presente, para construir un futuro mejor. La desconoce y se declara competente para juzgar crímenes de guerra y delitos que comprometieron a los nacionalistas y los extranjeros que participan por razones ideológicas en la feroz contienda, sin ver los crímenes del otro bando.

La denuncia por prevaricato la hace un sindicado que defiende la memoria de los caídos del bando nacional. El juez Garzón alega que se trata de una clara retaliación política, sin atender que el juez Varela estudia un caso de prevaricato. Y como de improviso, el juez Garzón se siente atrapado en su propia telaraña al ser juzgado por sus acciones judiciales, decide acusar al juez y al Tribunal Supremo de estar politizados, de actuar de forma “insostenibles” e “incomprensibles”. Cómo el Supremo es su juez natural, la andanada que intenta contra éstos muestra su desesperación. Al mismo tiempo procura atraer la ayuda extranjera de otros jueces y juristas que lo apoyen, seguramente con miras a acudir a un Tribunal internacional para salir del bache judicial adverso en España.

La situación empeora en cuanto la Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional le ordena al juez Baltasar Garzón que reactive la investigación del chivatazo a ETA, puesto que en el pasado hizo caso omiso a la solicitud de los acusadores particulares, dando lugar a otro escándalo judicial… El juez Garzón es una figura valiosa, interesante y controvertida, lo mismo que un símbolo de los jueces que se salen de las enseñanzas del Barón de Montesquieu, clave del Estado de Derecho. Los jueces que pretenden hacer su voluntad e interpretar a su acomodo la Ley debieran repasar a D. Andrés Bello: “Los individuos en quienes está depositada esa gran confianza de los pueblos, no pueden en su desempeño separarse de las leyes; y por muy poderosas que sean las razones privadas que los asistan para apartarse de su tenor o declinar un tanto de él, todos deben callar”. Bello les aconseja a los jueces que no caigan en la patraña de la ley del canje, que “es la resolución que el juez toma por lo que a él se le ha encajado en la cabeza, sin poner atención a lo que las leyes disponen”.