Juan Carlos Pinzón Bueno
El Espectador, Bogotá
Febrero 20 de 2010
Las Farc, el Eln, y las bandas criminales son el origen directo o indirecto de buena parte de la violencia que enfrenta el país.
Sin duda los logros de las Fuerzas Armadas en estos años han desactivado la posibilidad de que estas organizaciones del crimen lleguen al poder por las armas, pero siguen siendo la principal amenaza que afronta el pueblo colombiano. El efecto directo se traduce en que estas organizaciones están más que nunca dedicadas a traficar con drogas y armas, a reclutar niños, a violentar las fronteras, y a calcular dónde cometer crímenes atroces, llámese atentados contra la Fuerza Pública, secuestros a autoridades locales y a ciudadanos, o colocar explosivos.
El efecto indirecto es sustancial. Las diferentes expresiones del crimen en las ciudades asociadas a la cadena del narcotráfico están conectadas con las actividades de las organizaciones criminales. Por otra parte, mantienen la práctica de subcontratar pandillas que luego se convierten en bandas armadas contribuyendo así al espiral de la violencia urbana. Además, que las grandes organizaciones terroristas continúen su accionar se convierte en un incentivo para que los pequeños criminales consideren que es rentable violar la ley. Como si fuera poco, el uso de las fronteras y sus nexos con el gobierno del presidente Chávez han causado que el país ahora tenga que preocuparse por una amenaza externa.
Luego de un esfuerzo sostenido de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y de políticas efectivas desde 1999, por fin en el año 2008 se logró colocar el balance estratégico a favor. Lo que está sucediendo en estos momentos ni más ni menos es que el Estado está sometiendo a estas organizaciones. A modo de ejemplo la capacidad militar de los otrora poderosos y arrogantes bloque oriental y bloque sur de las Farc está siendo destruida con acciones contundentes y con una concepción estratégica que los está ahogando. Pero aún no están derrotados, y como ocurre en todas las guerras irregulares a lo largo de la historia, estos grupos mutan, tratan de acercarse a las ciudades, y sobre todo buscan crear las condiciones para prolongar su accionar a través de cambios en la política del oponente.
Algunos analistas destacados empiezan a hablar de la necesidad de “cambio de rumbo” a la luz de las cifras de homicidio. Es mala noticia que aún tengamos tal violación al derecho a la vida, pero el país hoy tiene la mitad de los homicidios de hace una década y ha regresado a los niveles de hace 20 años. En los años por venir se requiere un incremento en la inversión en infraestructura que conecte las zonas de violencia con el resto del país y cree oportunidades en un esfuerzo de consolidación sin precedentes. En las ciudades, se requieren inversiones y estrategias lideradas localmente. Las bandas criminales deben ser presionadas con toda la fuerza y el compromiso de la justicia, en lugar de transar paz ficticia. En fin, hay ideas y ajustes que se deben implementar, pero cambiar el rumbo es un error.
Más allá de si Uribe gusta o no, es equivocado por razones electorales dar señales que le den oxígeno a estas organizaciones. El país por fin después de 40 años de violencia ha encontrado el camino para paso a paso establecer el Estado de Derecho en todo el territorio. Se requiere persistencia, no se puede cantar victoria en la mitad del camino. Lo que más le conviene al país es mantener el rumbo que tanto costó encontrar, y avanzar hasta lograr paz y estabilidad.
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