Juan Carlos Echeverri (Entrevista)
Portafolio, Bogotá
Febrero 15 de 2010
El experto dice que muchas de las críticas a los decretos expedidos por el Gobierno provienen de los actores que han contribuido al descalabro del sistema de salud en Colombia.
Con el convencimiento de que no existe en el mundo un sistema de salud que atienda todos los problemas de salud de las personas a bajo costo, Juan Carlos Echeverry, ex director de Planeación Nacional, profesor de Universidad de los Andes y Presidente de Econcept, afirma que los decretos de la Emergencia Social tienen más ganadores que perdedores.
En entrevista con PORTAFOLIO, Echeverry, también presidente de Econcept, indicó que aunque las medidas anunciadas no solucionan el problema del sector, sí son un avance.
Le han llovido críticas al Gobierno por la reforma en salud. ¿Cuál es su opinión de lo hecho?
Lo primero que se debe entender es que el sistema de salud requería y requiere una reforma de fondo en muchos frentes. Lo clave es saber que son más los ganadores, representados en millones de personas que no tenían acceso a la salud y lo tendrán. Y decenas de millones de personas y familias que tienen acceso y no lo perderán.
El sistema y el país como un todo perderían si no sobreviven las modificaciones para hacer viable al sistema de salud. Su quiebra es una eventualidad no muy remota. Es natural que haya críticas. Muchas de ellas provienen de actores que han contribuido al descalabro del sistema.
¿En qué situación se encuentra el sector?
Nadie debe llamarse a engaños sobre la fragilidad financiera del servicio general de salud. El sistema hoy es financieramente inviable. El cubrimiento creciente de servicios médicos no incluidos en el POS, genera a través de tutelas costos que atentan contra su sostenibilidad.
Los servicios de salud prestados obligatoriamente se han vuelto prácticamente infinitos y son los jueces los que ordenan el gasto sin tener en cuenta las limitaciones de recursos. El esfuerzo de igualar los sistemas subsidiado y contributivo de salud, como lo ordenó la Corte Constitucional, generará costos inmensos e incentivos perversos para que las personas coticen al sistema de salud.
Todos los actores, EPS, hospitales, farmacéuticas, médicos, trabajadores y cotizantes piensan en su propia situación e intereses, y no se ve a nadie contemplando la situación del sistema en su conjunto. Esta es una responsabilidad del Gobierno, y si bien la asumió tarde, ha enviado un mensaje correcto, según el cual todos tienen que aportar.
Existe un déficit que se acelera cada año, que puede llegar a ser igual a todas las exportaciones a Venezuela. A eso puede llegar el tamaño del hueco.
El Gobierno no tiene espacio financiero para meterse la mano al dril, pues ya tiene un hueco de cinco por ciento del PIB. Sumando los dos huecos puede llevar a una catástrofe fiscal. Por esto la Corte Constitucional deberá andar con pies de plomo.
¿Qué es lo más importante entre lo realizado?
Se consigan recursos adicionales de impuestos a cerveza, cigarrillos y juegos. Se descongelan recursos atrapados en muchos bolsillos. Se envía un mensaje claro a jueces y médicos de que sus actuaciones individuales, una vez sumadas, están quebrando al sistema.
Se combate la corrupción. Se busca que los médicos se auto-regulen y rindan cuentas frente a sus pares de aquellas decisiones no-obvias. Se evita la intermediación de municipios y departamentos en algunos giros a hospitales y EPS, que estaba sirviendo más para entorpecer y crear corrupción. Se introducen mecanismos para evitar la cascada de aumentos en los precios de medicamentos.
La reforma llama a priorizar, y esa, aunque dolorosa, es la palabra clave, como lo había señalado la propia Corte Constitucional. Ilusionar a la gente con que no hay que priorizar es mentirle.
¿Qué falta?
Sobre todo, falta definir un POS socialmente consensuado, viable financieramente y actualizarlo periódicamente. Si el crecimiento del No-POS continúa, una estimación indica que en algún momento tendríamos que llegar a cotizar la mitad de nuestros salarios, solo para salud.
Eso sería insoportable para los padres de familia, pues además les tocaría pagar impuestos y cotizar a pensiones. Los que dicen que "el Estado lo pague todo" olvidan que el Estado son los impuestos y cotizaciones de las familias y las empresas. Nos tendrían que matar a impuestos; si es que no nos matan las enfermedades.
Falta más plata para el sistema general, y no solo para los departamentos. Falta reformar la comisión reguladora para que allí se sienten técnicos y no representantes de los intereses creados.
Falta mejorar la información sobre de qué nos enfermamos los colombianos, cuánto cuesta realmente curarnos, y quién lo puede hacer más barato y mejor. Falta fortalecer la supervisión y erradicar la corrupción de muchas entidades, pero sobre todo del supervisor.
Falta el liderazgo constante de un ministerio dedicado exclusivamente a la salud. Y la planificación de largo plazo de todo el sistema de salud. Falta un plan nacional de prevención, con ejercicio y vida saludable, que disminuiría masivamente la incidencia de enfermedades y los costos del sistema, y nos haría vivir mejor.
Pero sobre todo, falta concientizar a toda la población, a los jueces y a los médicos de que no hay un sistema en el mundo que cubra a toda la población contra todos los males y enfermedades. Algunas dolencias y tratamientos por fuerza se tienen que quedar afuera.
¿Está de acuerdo en unificar por lo alto el POS?
Lo importante es un POS generoso y actualizado, pero realista. Ojalá nos pudieran sanar a todos de todo, pero nos tocaría aportar una suma irreal de nuestros salarios.
Es esencial que la filosofía del POS se respete, y que los médicos y jueces lo acepten como un restricción para la viabilidad del sistema de salud universal de los colombianos.
¿Es sostenible fiscalmente la reforma?
La reforma no busca hacer sostenible todo el sistema, sino aquella parte del sistema que generó el hecho sobreviniente: las finanzas regionales. El sistema requerirá aun más esfuerzos.
Recuérdese que como país nos estaremos envejeciendo por lo menos hasta 2030, y esto aumentará los costos de seguir saludables. Esta reforma no cierra el problema financiero, si bien contribuye con recursos frescos a solucionarlo.
¿Qué lecciones saca de lo ocurrido?
Se debe ir por el país y hablar con la gente común y corriente. Y discutir con los actores clave del sistema, con los médicos y los hospitales; con las EPS y los productores de medicamentos. Persuadir a los grupos y asociaciones involucrados que si limitan sus reivindicaciones a sus propios intereses, la perdedora será la salud de todos.
El gobierno no lo hizo antes y ahora le toca hacerlo a la carrera, con la espada de Damocles de un eventual fallo adverso de la Corte. Que, si se diera, sería un fallo temerario.
También se extrae la lección de que todos sabemos poco, y desde hace veinte años hemos tomado decisiones desinformadas que crean en la población expectativas imposibles de cumplir. Y aún faltan cuatro millones de colombianos por incluir al sistema, y muchas acciones para mejorar la calidad, la oportunidad, la eficiencia y el costo del servicio.
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