Vicisitudes del juez Garzón

Editorial

El Mundo, Medellín

Febrero 1 4 de 2010

Veremos en qué termina esta nueva aventura del juez Baltazar Garzón, ahora en el papel de reo, acusado de prevaricato.

A mediados de octubre de 2008, el célebre juez de la Audiencia Española, Baltazar Garzón, pretendió pasar a la historia por ser el primer magistrado en declararse competente para investigar las denuncias presentadas por las llamadas Asociaciones de la Memoria Histórica sobre la Guerra Civil Española (1936-1939) y, en consecuencia, ordenó que se iniciaran las exhumaciones de los cadáveres de 19 fosas comunes, entre las que figura la que supuestamente contiene los restos del poeta Federico García Lorca.

En la resolución en que asumió la investigación contra el generalísimo Francisco Franco y 34 generales y ministros de su gobierno, Garzón alegó una obviedad. Que "La acción desplegada por las personas sublevadas y que contribuyeron a la insurrección armada del 18 de julio de 1936, estuvo fuera de toda legalidad y atentaron contra la forma de gobierno (delitos contra la Constitución, del Título Segundo del Código Penal de 1932, vigente cuando se produjo la sublevación), en forma coordinada y consciente, determinados a acabar por las vías de hecho con la República mediante el derrocamiento del Gobierno legítimo de España, y dar paso con ello a un plan preconcebido que incluía el uso de la violencia, como instrumento básico para su ejecución". Decía también que “hasta el día de la fecha, la impunidad ha sido la regla frente a unos acontecimientos que podrían revestir la calificación jurídica de crimen contra la humanidad” y, además, que no pretendía “hacer una causa general, ni una revisión de la Guerra Civil en materia judicial, pero recuerda que “los vencedores, siguiendo instrucciones del fiscal general del Estado, recién acabada la guerra, sí abrieron una causa general contra las denominadas víctimas del "terror rojo".

Desde ese momento, por obra y gracia de la actuación del juez Garzón, se volvió a remover un debate que parecía cancelado en el seno de la sociedad española, entre quienes insisten, por resentimiento o por motivaciones políticas, en que es necesario recuperar la “memoria histórica” so pretexto de lucha contra la impunidad y de hacer justicia a favor de las víctimas, y los que, del otro lado, piensan que eso sólo sirve para reabrir viejas heridas y alimentar rencores que, en buena hora, la propia sociedad española, a través de sus instituciones, resolvió cancelar para seguir adelante.

Como no hay acción sin reacción, un grupo de organizaciones, como el Sindicato Manos Limpias, Falange Española de las JONS y la Asociación Libertad e Identidad, entre otras, entablaron hace un año una querella contra el juez Garzón ante el Tribunal Supremo por el delito de prevaricato, una gravísima acusación que implica que el juez habría dictado una resolución arbitraria a sabiendas de que era injusta, primero porque no tenía jurisdicción ni competencia para ello y segundo porque violaba el principio de no retroactividad de la Ley Penal, al desconocer la Ley de Amnistía de 1977, aprobada por unanimidad en las Cortes españolas, dos años después de la muerte de Franco. En efecto, en esa norma, que recogía la voluntad absolutamente mayoritaria del pueblo español, se declaraba, en su artículo primero: “Quedan amnistiados: Todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976”.

Esta semana, el juez Luciano Varela, del Tribunal Supremo de España, emitió un auto en el que considera que hay méritos para llamar a juicio al señor Garzón por el delito imputado de prevaricato por acción, que según el Código podría darle como mínimo una sanción de inhabilidad para ejercer cargos públicos de entre 12 y 20 años. Aparte de esa determinación judicial, la Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial (lo que aquí conocemos como Consejo Superior de la Judicatura) determinó iniciar los trámites para suspender a Garzón de sus funciones mientras transcurre el juicio, situación que se resolverá en los próximos días.

Los partidarios de Garzón han salido a descalificar al juez Varela, por “conservadurista” y por estar actuando con cálculo ideológico y político, como si a su defendido no tuviera también mucho qué reprochársele en ese sentido. En cambio, Antonio García, vocero de la Asociación Profesional de la Magistratura -la más grande de jueces de España- dijo que la descalificación del auto del juez Varela se está haciendo con base en "sofismas" y "falacias". "El Supremo es independiente y el juez tiene una categoría que está fuera de duda. Compártala o no, el que haya leído la resolución tiene que reconocer que está extraordinariamente motivada”.

Veremos en qué termina esta nueva aventura del controvertido juez Baltazar Garzón, adalid de una pretendida justicia mundial contra los crímenes de lesa humanidad y ahora en el papel de reo. Sin tomar partido ninguno, creemos que es víctima de su incontrolable síndrome de la vitrina que lo ha llevado en ocasiones como ésta, a servir los intereses de esa especie de corte del odio de la extrema izquierda mundial y sus altavoces.