¿Y los farcpolíticos qué?

Jorge Enrique Pava Quiceno

La Patria, Manizales

Febrero 5 de 2010

Después de un largo proceso, se produjo la condena a siete años y medio de prisión y una multa de 6.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes (algo así como tres mil doscientos cincuenta millones de pesos) en contra de Dixon Ferney Tapasco. Y leyendo la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia y los argumentos esgrimidos por la Sala de Casación Penal, nos encontramos con que muchos de ellos podrían servir para investigar también a los políticos que han tenido evidentes vínculos con las Farc y que de alguna manera también pueden haber cometido el delito de concierto para delinquir agravado, al promocionar, organizar, financiar o armar grupos armados al margen de la ley.

En esta sentencia se profundiza en la forma como se aliaron el partido Liberal de Caldas con las autodefensas, para direccionar las votaciones de algunas regiones del departamento a favor de candidatos señalados por las Auc, respetándose los territorios y cediendo a las instrucciones impartidas por Ernesto Báez y otros jefes paras.

¿No es esto lo mismo que pasa en algunas regiones colombianas donde ningún político puede hacer proselitismo, salvo aquellos que cuentan con el consentimiento de las Farc? En vastos sectores del departamento de Caldas, han existido hegemonías no sólo de paramilitares y narcotraficantes, sino también de guerrilleros que decidían por quién votar, so pena de arrasar con poblaciones enteras o asesinar selectivamente por la sola sospecha de que habían obrado en contra de sus determinaciones.

Son territorios conocidos por toda la clase política que desecha cualquier posibilidad de arrimarse a ellos, pues son previamente advertidos por las mismas autoridades que conocen el riesgo que se corre al penetrar terrenos donde dominan abiertamente estos delincuentes.

Bastaría entonces con hacer un análisis de los resultados electorales en estas zonas para iniciar las investigaciones respectivas que conduzcan a vincular con las Farc a quienes se les “permite” acceder a hacer proselitismo político en ellas. Muy seguramente este tipo de investigaciones destaparía algunas alianzas de políticos hoy en ejercicio con los grupos guerrilleros dominantes y podría ser el inicio de una depuración de la clase política colombiana. Porque no sólo hay concierto para delinquir cuando se trata de las autodefensas. También lo hay, y en igual forma, cuando las alianzas son de los políticos de izquierda que parecen tener un fuero especial en esta adolorida Colombia.

El hecho de sentarse a hacer una negociación política con las autodefensas y comprobar el beneficio personal en los resultados electorales a favor de Dixon Tapasco, llevó a agravar el concierto para delinquir y fue la prueba reina en la que se basó la sentencia. ¿No pasa lo mismo entonces cuando el militante es de izquierda y hace alianzas electorales con las Farc para que se le permita desarrollar su ejercicio político en los territorios que ellas dominan? ¿No existe, de hecho, un acuerdo político cuando los militantes del anacrónico marxismo reciben la protección y ayuda de los grupos insurgentes dentro de las regiones donde ellos imperan y obtienen beneficios electorales? ¿A cambio de qué ceden las Farc y ponen a disposición de ciertos personajes su aparato militar para direccionar los resultados en las urnas?

Se me dirá que tratar estos temas en forma genérica no conduce a nada. Pero si las mismas autoridades no han sido capaces de abocarlos -lo que fácilmente podría conducir a resultados definitivos- no podemos ser los ciudadanos de a pie, sin ninguna investidura ni protección, quienes efectuemos las denuncias personalizadas. Las autoridades tienen la obligación de controlar los desmanes que se produzcan, vengan de donde vengan, y sin distingo de partidos o tendencias. Otra cosa es que se atemoricen o tengan las instrucciones de que la farcpolítica se les pasee por sus narices y antes que proceder en su contra, hagan caso omiso de esta aberración.

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El negocio de los Call Center ha sido, además de lucrativo en términos económicos, un alivio para los índices de desempleo que presenta la ciudad. Puestos de trabajo dignos, bien remunerados y con personal capacitado, han servido de ejemplo en otras regiones del país cuyo incremento de desocupación laboral es aterrador. Hablar de una meta para este año de 8.500 empleos generados en este oficio no es una cifra de poca monta; por el contrario, las cuantiosas inversiones que se hacen en las nuevas empresas, más los pagos que se hacen en nóminas mensuales representan un factor económico de mucho músculo, pues son dineros que rotan directamente en la economía doméstica y entran a mejorar la calidad de vida de los manizaleños.

Otra cosa es que los opositores de oficio y quienes no admiten que se produzcan cosas positivas en nuestra ciudad, traten de desinformar y de negarse ante una realidad evidente. No sé qué de malo tiene que, ante una desocupación latente, se generen nuevos puestos de trabajo y se les permita a ciudadanos que no encuentran solución a sus problemas, acceder a ingresos dignos para su subsistencia. ¡Bien por ese empeño en traer inversionistas de todo el mundo para que se establezcan en nuestra ciudad y le fortalezcan su economía!