Fallo preocupante

Por General Álvaro Valencia Tovar

El País, Cali

Mayo 4 de 2009

No puede entenderse que, en pleno conflicto armado, la más alta instancia del Contencioso Administrativo produzca un fallo en el que se impide que los soldados regulares, es decir los que prestan el servicio militar obligatorio, vayan a los frentes de combate. 

La historia militar colombiana se escribió con soldados regulares desde los orígenes de la República. Quienes comandamos unidades militares antes de que se creara la figura del soldado voluntario profesional, cumplimos nuestras misiones de combate con soldados de forzosa incorporación. 

Nuestra preocupación era sembrar en sus espíritus el amor por su patria, el sentido del honor que se derivaba de portar las armas de la República, el orgullo de ser soldados de Colombia. 

Ahora, el fallo del Consejo de Estado, porque un soldado regular resultó herido en cumplimiento de una misión de combate, condena a la Nación a pagar cuantiosas indemnizaciones y prohíbe que los demás incorporados por conscripción forzosa participen en operaciones de combate. 

De no rectificarse tan incomprensible determinación, el Ejército perdería casi un 50% de su pie de fuerza, con el que venía cubriendo la inmensidad de nuestro territorio de selva y montaña, en el lento pero incontenible proceso de derrotar el narcoterrorismo, en cumplimiento de la misión que se deriva de la Política de Seguridad Democrática. 

¿Habrán meditado los magistrados las consecuencias de su determinación? El restringido presupuesto del Ministerio de Defensa no ha hecho posible universalizar el servicio militar voluntario. Tampoco se puede reemplazar cerca de cien mil hombres del Ejército y un 70% de la Infantería de Marina que queda por fuera del compromiso estratégico de la fuerza terrestre, cuyo plan de guerra se derrumbaría por su base. 

En efecto, cambiar el dispositivo actual, sustituir en las unidades mixtas a los combatientes regulares por inexistentes voluntarios implica sacar de la nada medio Ejército y tres cuartas partes de la Infantería de Marina. 103.000 combatientes pasarían a ejecutar “tareas de bienestar social en beneficio de la comunidad y preservación del medio ambiente, pero no labores de inteligencia de combate...”. ¿Y los planes para ese empleo imprevisto? ¿Y el presupuesto respectivo? ¿Y los cien mil voluntarios de dónde saldrán? Definitivamente nos hemos situado por voluntad inconsulta del Contencioso Administrativo en el territorio del absurdo.