40 años: ¿justicia o venganza?

Álvaro Valencia Tovar

El País, Cali

Septiembre 28 de 2009

La petición de condena por 40 años efectuada por la Fiscal que tuvo a su cargo la investigación contra el coronel Alfonso Plazas Vega, 22 años después de los hechos del Palacio de Justicia, revela que en tal actuación, más que búsqueda de la verdad hubo ostensible saña y ánimo persecutorio. Negarle al coronel permiso para ver a su padre en agonía y asistir a su sepelio pone de manifiesto una carencia de sentimiento humanitario que más adelante se reafirma con la orden perentoria de su traslado a la cárcel de La Picota, siendo que la Escuela de Infantería ha sido habilitada como prisión militar para personal en espera de sentencia. No se advierte en tales determinaciones rectitud procedimental sino prepotencia despótica.

El manejo de los testigos, las múltiples contradicciones en que éstos incurren, la evidente falsedad en el caso de uno de tales testigos, que aparece en la investigación como traído de Villavicencio a Bogotá los días 6 y 7 de noviembre sin que exista orden ni constancia de ejecución de tan insólito desplazamiento helicoportado, es apenas una de las inconsistencias en que incurren estos ‘testigos’ a los cuales la diligente funcionaria asigna absoluta credibilidad. El teniente coronel Alfonso Plazas Vega, comandante de la Escuela de Caballería el día de la toma sangrienta del Palacio de Justicia y su heroico rescate por el Ejército, no comandaba la operación. Como subalterno del general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la Brigada 13, a la cual pertenece orgánicamente el instituto a sus órdenes, Plazas Vega ordenó el derribamiento de la poterna metálica del edificio para abrir paso a las tropas a pie y salida a los más de 250 rehenes civiles que en la infausta jornada visitaban la sede de la Justicia colombiana. Debió hacerlo así, dada la inexistencia de otros accesos a la edificación que no estuvieran cubiertos por los bien armados rebeldes, como se demostró con el intento de la Cruz Roja, cuando sus voluntarios, exhibiendo sus insignias y banderines fueron recibidos a plomo.

La Procuraduría General, en providencia que hace honor a la justicia, acaba de pedir la anulación de lo actuado por las inconsistencias, contradicciones y evidentes falsedades enumeradas arriba y establece que la misión cumplida por el coronel Plazas se sujetó a las órdenes de su superior, exonerado a su vez por dos admirables fallos del Consejo de Estado. El daño está hecho, pero la reivindicación aminora el sufrimiento.