Fernando Londoño Hoyos
El Tiempo, Bogotá
Septiembre 24 de 2009
Durante años sostuvo la Corte Suprema de Justicia que el fuero de los congresistas expiraba cuando renunciaban a su cargo. Esa pacífica doctrina se aplicó una vez y otra, de manera que el congresista acusado elegía entre permanecer con su investidura, y con su fuero, o desprenderse de una cosa y de la otra. Invariablemente, la Corte aceptó que su competencia cesaba y remitía el expediente a la justicia ordinaria. Por decenas se cuentan los procesos de parapolítica que tuvieron ese tratamiento y que se ventilaban ante los jueces de conocimiento, cumplida la etapa investigativa en la Fiscalía.
Pero un día cambiaron las cosas. Para semejante maroma, la Corte encontró un argumento decisivo el muy concluyente de que los congresistas la estaban "evadiendo". Y como quería que ninguno escapara a su espada vengadora, resolvió que el fuero no termina con la calidad del beneficiario y asunto concluido. Pero la clientela se había ido. Los senadores y representantes más codiciados habían emigrado, insoportable dolor que no se mitiga sino con la plenitud de la revancha.
Así que la Corte resolvió retroactiva su jurisprudencia, aplicando, al revés, lo que dispone la Ley 153 de 1887 para las leyes que entran en conflicto temporal. Con lo que la Corte se da ínfulas de legislador, lo que no es poco, y de encima se salta a la torera el viejo principio de la favorabilidad penal, y otro, más conocido y sagrado, que es el respeto por las instancias procesales.
Determinada la competencia en un proceso, no vale la acrobacia que la revoca. Pues la Corte ha cometido semejante arbitrariedad y ha ordenado que le devuelvan procesos de los que ya se había separado por incompetencia.
Pero no fue suficiente. Los yerros rara vez vienen solos, se lee en 'La Celestina', y esta vez llegaron muy acompañados. Y no con cualquier pequeñez. La Corte acaba de decidir que si se probare el concierto entre un político y un grupo paramilitar para propósitos electorales, el político se hace responsable de todos los crímenes cometidos por el grupo paramilitar.
En virtud de semejante tesis, que la Corte saca de uno de sus bolsillos predilectos, el bloque de constitucionalidad, el concierto para delinquir agravado, una invención suya, se quedó pálido ante la nueva conquista. Porque de una elección atípica se salta sin garrocha a incontables crímenes de lesa humanidad que se cargan a la cuenta del infeliz parlamentario. Todos los crímenes de 'El Alemán' o de 'Jorge 40' o de Mancuso son obra del congresista que tuvo la mala idea de ganar unas elecciones.
La culpabilidad de la víctima de estas locuras se establece con mucha facilidad. El primer ingrediente será, sin falta, algunos gramos de atipicidad en una elección. Invención gloriosa de una mamerta ignorantona y atrevida que se convierte en la base de la receta. La atipicidad la decide la Corte, que no ha de faltarle el ingenio del magistrado Velásquez para descubrirla.
Se agregan enseguida unas gotas de máximas de experiencia, que sirve cualquiera así esté desmentida por la historia y condenada por la lógica. Por ejemplo, que nadie puede ser elegido si antes de la elección estuvo en el exterior. Falta un testigo, y para eso se compran los 'pitirris'. Algún bandido con ganas de vivir en Canadá con toda su familia no ha de faltar. Lo demás será creerle y para eso, precisamente, está la Corte.
Finalmente, como las cuentas no cuadran, se usan las inferencias lógicas, que no importa si nada tienen de lógica formal. Al fin y al cabo, para eso está la única instancia.
Los amigos de las Farc pueden estar tranquilos. La Corte sabe que todo lo hicieron por altruismo. Y punto final. Silencio. En las dictaduras, al buen callar llaman, Sancho.
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