¡Una justicia justa, no injusta!

Eduardo Herrera Berbel*

El Colombiano, Medellín

Septiembre 25 de 2009

Una justicia justa es un anhelo de los colombianos, que compartimos los militares respetuosos del orden constitucional. Las actuales circunstancias de algunos miembros de las Fuerzas Militares exigen pronunciamientos solidarios de quienes portamos el uniforme con orgullo, y ahora desde la vida civil, seguimos siendo activos defensores de la suerte de las instituciones militares.

Da dolor de Patria la lamentable situación a la cual han tenido que enfrentarse distinguidos militares que están padeciendo el escarnio público, sin haber sido vencidos en juicio. Es oprobioso ver que un oficial del Ejército Nacional, el Coronel Alfonso Plazas Vega, haya sido sacado a la fuerza de un centro hospitalario, sin el menor respeto a sus derechos fundamentales, contrariando lo preceptuado en la Ley 522 de 1999 que rige la reclusión de los militares en penitenciarías especializadas.

A ello se suma el caso del General Armando Arias Cabrales, a quien se le negó la casa por cárcel, pese a ser un insigne oficial cuyo único delito fue defender la institucionalidad colombiana.

Y la situación del General Francisco René Pedraza Peláez, que después de ser sometido a la picota con una medida de aseguramiento y ser reseñado como cualquier delincuente, fue dejado en libertad sin alguna fórmula de juicio. Al respecto, vale entonces preguntar: ¿Quién les repara el daño moral causado?

En lo que resta de espacio en esta columna, quiero plantear algunas reflexiones: ¿Bajo qué circunstancias se hizo asignación dedocrática de competencia a la justicia ordinaria para juzgar a militares, desconociendo su fuero especial y dando muerte lenta a la Justicia Penal Militar?

Este tránsito jurisdiccional ha sometido a los militares a la justicia espectáculo, providencias notificadas por los medios de comunicación, afectación de la dignidad e integridad moral de los implicados, anuncios de condenas sin vencimiento en juicio, contravención a la presunción de inocencia e inversión de la carga de la prueba.

Ahora les corresponde a los militares demostrar su inocencia. ¿Qué tal?

Me resisto a creer que esté en marcha una estrategia temeraria de minar la moral de las Fuerzas Militares con el soporte de acciones judiciales amparadas en la presunción de legalidad.

El cauce que están tomando los acontecimientos no contribuye a la sanación ni a la reconciliación nacional, todo lo contrario, exacerba los ánimos y los radicalismos ideológicos que se agregan a la polarización ya de por sí disparada, que sufre el país.

Para los militares, el honor, la honra, la patria, la familia y la dignidad personal, son pilares fundamentales en su concepción de vida.

Cualquier bandido no puede erosionar ese patrimonio moral con imputaciones sin peso y retaliativas. Nadie pide impunidad, sólo una justicia justa, no injusta.

Como colofón, insisto en pedir: menos juicios de valor y apasionamientos en los operadores de justicia; no invertir la carga de la responsabilidad; no olvidar quiénes fueron los verdaderos autores y responsables, algunos de ellos son ex guerrilleros que gozan los privilegios de la democracia, como miembros del Congreso de la República, en cargos públicos y dirección de entes territoriales.

Además, los gobernantes de la época se encuentran sin proceso de responsabilidad política que en su momento debieron asumir con entereza, en el transcurso del tiempo.

Es inadmisible que los militares paguen con cárcel la defensa del Estado y de sus instituciones legítimas, mientras los verdaderos villanos se convierten mañana en héroes de la patria y colombianos ejemplares.

*Mayor General (r) Ejército Nacional