¿Por qué hilar tan delgadito?

Saúl Hernández Bolívar

El Mundo, Medellín

Septiembre 28 de 2009

En una columna anterior (El Mundo, 28-04-2008) mencioné que si la Corte Suprema de Justicia no medía los casos de la farcpolítica con el mismo rasero que ha usado para juzgar la parapolítica, quedaría demostrado que el alto tribunal está empeñado en una cacería de brujas contra todo lo que huela a derechas, y que carece de imparcialidad.

Hoy no sólo es claro que a la honorable CSJ no le interesa la farcpolítica, cuyos procesos precluye afanosamente, como en los casos de Álvaro Leyva y Carlos Lozano, a pesar de que los computadores de ‘Reyes’ los comprometen gravemente, sino que está actuando como un partido de oposición y no como un tribunal de justicia, pues hasta se salta su propia jurisprudencia y desacata decisiones de otros tribunales, como la que se tomó a favor del ex congresista Iván Díaz Mateus.

La CSJ ha decidido que los casos de la parapolítica, que habían ido a la Fiscalía en razón a que los parlamentarios habían renunciado a su fuero, regresen a ese tribunal donde no sólo es evidente la persecución con tinte político sino también la falta de las garantías procesales ordinarias a que tiene derecho cualquier reo. Recuérdese que los parlamentarios carecen allí de segunda instancia y que es la misma Corte la que investiga y juzga, actividades que en el Derecho Penal se considera perentorio que se realicen separadamente.

Si a eso sumamos la forma temeraria en que la CSJ ha atemorizado a los congresistas que votaron a favor del proyecto de referendo reeleccionista y la obstinada actitud tomada en la elección del Fiscal General de la Nación, atribuyéndose potestades que no le corresponden con el fin de modular la escogencia de candidatos, encontramos que la Corte Suprema está ejerciendo una suerte de despotismo judicial. Pero lo que viene es mucho peor, un verdadero esperpento jurídico.

La CSJ ha decidido hilar bien delgadito para imputarles a los acusados por parapolítica los delitos de lesa humanidad - y eventualmente de narcotráfico- que hubieren cometido los paramilitares con los que se les compruebe algún nexo. Es decir, la Corte pretende endosarles a los parapolíticos la carga de los actos más horrendos de los paramilitares, a pesar de que a ninguno de los políticos se le ha comprobado don de mando o autoridad sobre esas estructuras.

Es muy difícil meter las manos en el fuego por la clase política en general (como también lo decíamos en la columna reseñada), pero de ahí a creer que todo acusado es un parapolítico, o sea alguien íntimamente ligado a las estructuras paramilitares, que se beneficia de su poder para elegirse y se convierte en su ficha al interior de las instituciones, tan sólo porque un delincuente lo dice, hay mucho trecho.

También es un grave exceso el que la CSJ anuncie la posible extradición a los EE.UU. de personas que no están siendo solicitadas por ese país cuando, en cambio, se niega a avalar las extradiciones de narco-paramilitares que sí son requeridos por la justicia gringa. El presidente del alto tribunal, Augusto Ibáñez, aduce que los legisladores podrían ser extraditados dado que “fueron copartícipes de los mismos delitos por los que Estados Unidos ha pedido a los jefes paramilitares”; y que “si el aparato de guerra se lucra por el narcotráfico, obviamente, los vinculados a la parapolítica podrían ser juzgados por ese delito”.

La CSJ, al considerar por arte de birlibirloque que quienes establecieron alianzas con grupos armados ilegales hacen parte del aparato de guerra de tales organizaciones, así, instaura una interpretación absurda que además ignora el contexto histórico de los hechos.

Colombia vivió muchos años sin Dios ni Ley por culpa de gobiernos pusilánimes que se negaron a combatir a las guerrillas. El bipartidismo fue objetivo militar de éstas, y la clase política encontró en el paramilitarismo una tabla de salvación no sólo para mantener el control político sino para preservar sus vidas. Eso no los convierte, per se, en cómplices de sus fechorías ni en sus jefes o ideólogos. Quien se haya valido de los paramilitares para apropiarse de dineros públicos, de tierras de campesinos o para eliminar a sus rivales políticos, debe recibir su castigo. Pero algo huele mal en esta intentona de convertirlos en autores intelectuales de los crímenes que cometieron otros.