Salir de Unasur

Rafael Guarín

Democracia y Seguridad, Bogotá

Septiembre 20 de 2009

Más que un foro adecuado para la gestión de crisis en el subcontinente, Unasur se convirtió en el instrumento ideal para los intereses de Hugo Chávez y Luis Inácio Lula da Silva, al tiempo que en la punta de lanza de una estrategia que busca asfixiar al gobierno de Álvaro Uribe.

Chávez y Lula aparentemente emulan por el liderazgo en la región y aunque son harina de diferente costal coinciden en un trasnochado discurso anti–norteamericano y en el propósito de implantar un proyecto en el que son muchos los puntos de encuentro entre el Socialismo del Siglo XXI y la Plataforma del Foro de Sao Paulo, fundado en 1990 por Lula, con el apoyo de Fidel Castro.

Para contribuir a ese objetivo Chávez creó el ALBA y Lula lideró la fundación de Unasur. Los hechos demuestran que era justificada la desconfianza del gobierno colombiano ante la insistencia brasileña para que integrara esa organización y se creara el Consejo Suramericano de Defensa. Las recientes reuniones lo ratifican: se concentraron en el acuerdo de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos, al tiempo que con el liderazgo de Brasil y Venezuela se excluyeron la lucha contra el terrorismo, la compra inusitada de armas de esos países, las relaciones de gobiernos de la región con las Farc y la necesidad de intensificar la cooperación contra el crimen transnacional. Mientras se impugna a Colombia, tales asuntos solo caben en declaraciones retóricas.

En Unasur Colombia está sometida al guión elaborado por Lula, Chávez y sus amigos. La agenda la impulsa la revolución bolivariana con el silencio cómplice de Lula o la intervención del canciller Celso Amorín, de tal forma que el equilibrio en el tratamiento de los temas no existe, pero sí un afán de convertir a Unasur en un tribunal de acusación contra la política de seguridad de Colombia, que de paso sirve como inaceptable mecanismo de presión e injerencia.

En dicho foro exclusivamente se ve la paja en el ojo ajeno, esto es, en todos aquellos gobiernos o acciones que no armonicen con los intereses de Lula y de Chávez. Es natural que el acuerdo de cooperación militar genere inquietudes y la obligación de informar sobre su alcance, pero también que se exija transparencia frente a los convenios de compra de armamento y asistencia militar, celebrados con Rusia o Francia, cuestión evadida en las sesiones.

Por otro lado, las declaraciones de presidentes y ministros de algunos países permiten afirmar que probablemente en el corto y mediano plazo se utilizará a Unasur para revivir el pacto celebrado en noviembre de 2007, en el Palacio de Miraflores, entre Hugo Chávez e Iván Márquez, en representación de las Farc. En esa oportunidad, en nombre de la liberación de los secuestrados se acordó conformar una “caravana humanitaria” con delegados gubernamentales que, ante el engaño guerrillero, terminó estrellándose en la frustrada Operación Emanuel. Según las palabras del propio Chávez y los emails encontrados en las “laptop” de Raúl Reyes, el siguiente paso era constituir con dichos países una especie de “Grupo Contadora” que diera reconocimiento a las Farc como fuerza beligerante y presionara al gobierno Uribe.

La cosa le puede estar saliendo como anillo al dedo a las Farc y estamos volviendo lenta y casi imperceptiblemente al escenario diseñado por Chávez y Márquez. No solo Unasur no las califica como una organización terrorista, sino que en su seno se escuchan voces que reclaman una negociación gobierno–guerrilla para lograr la paz, lo que implica concederles a éstas un tácito trato de agrupación política e igualarlas con el gobierno colombiano.

La consigna de la paz es el inocente disfraz con el cual algunos gobiernos, que han mantenido relaciones clandestinas con las Farc, pretenden meter la mano en Colombia. El ministro Nicolás Maduro insistió en esa línea al proponer un “plan suramericano de paz para Colombia”. El objetivo no ha cambiado desde 2007: en nombre del diálogo se quiere otorgar legitimidad política a los farianos y contribuir al quiebre de una política de firmeza contra el terrorismo, ambas cosas requisitos indispensables para imponer su modelo.

El gobierno Uribe debe evaluar seriamente su papel en Unasur e incluso su permanencia. Si esa incipiente organización no logra constituirse en un mecanismo efectivo de gestión de crisis, tendría que dar el salto a la OEA o, llegado el caso, al Consejo de Seguridad de la ONU.