La mejoría con Ecuador

Editorial

El Mundo, Medellín

Septiembre 26 de 2009

Dos buenos puntos se anota nuestra Cancillería, que parece decidida a modificar su tradicional postura a la defensiva.

Colombia y Ecuador dieron el jueves en Nueva York un paso importante en el proceso de normalización de sus relaciones, rotas unilateralmente por el gobierno Correa desde marzo de 2008, a raíz del ataque del Ejército colombiano al campamento del segundo comandante de las Farc, Raúl Reyes. En el comunicado suscrito por los cancilleres Jaime Bermúdez y Fánder Falconí se anuncia que “han iniciado un proceso de diálogo directo, con el propósito de lograr la normalización de sus relaciones diplomáticas”. A renglón seguido se dice que “Los presidentes han dado instrucciones a sus respectivas cancillerías para que en el mes de octubre del año en curso se concrete la designación, en primera instancia, de sus encargados de negocios”. Aunque éste es un escalón anterior al del intercambio de embajadores, en la práctica implica abrir una vía de pronta solución al problema sin duda más grave de todo este conflicto – en cuanto afecta a los empresarios y al pueblo raso de uno y otro lado – como es el de las restricciones al comercio bilateral por cuenta de las salvaguardias impuestas por el gobierno ecuatoriano, con un claro ánimo retaliatorio y de presión para que Colombia se plegara a sus famosas condiciones para reanudar relaciones diplomáticas.

El comunicado, en términos generales, es una muy bien concebida “hoja de ruta” para la solución de los diferendos que pueden ser resueltos por los Gobiernos, mientras pasan al congelador aquellos que dependen de otras instancias. Sobre lo primero, en los puntos 3 y 4 se suscriben mutuos compromisos: Por un lado, “el Gobierno de Colombia reitera su compromiso de no realizar operaciones militares o de seguridad en territorio ecuatoriano”. Y del otro, “el Gobierno de Ecuador reitera que no tolera ni tolerará la presencia de grupos armados irregulares en su territorio y que cualquier incursión armada será repelida, de ser necesario, incluso por la fuerza”. Ya nos vamos entendiendo.

En la categoría de los que pasan al congelador, están los descritos en los numerales 7 y 8. En el primero se dice que “Los asuntos legales en trámite ante los organismos internacionales competentes, no serán objeto de discusión en este proceso de diálogo, a menos que las dos partes así lo acuerden”, en clara referencia a los procesos iniciados por Ecuador ante el tribunal de La Haya por los supuestos daños ocasionados por las fumigaciones en la frontera, y ante la Comisión Interamericana de DDHH de la OEA, por la muerte del guerrillero de las Farc, el ecuatoriano Aisalla, durante el bombardeo al campamento de Reyes. Lo cual quiere decir que la última palabra sobre esos pleitos compete exclusivamente a las instancias judiciales internacionales.

En el punto 8: “Colombia manifiesta que no reconoce la jurisdicción extraterritorial de la justicia ecuatoriana para investigar y juzgar a funcionarios y ex funcionarios colombianos” (se refiere al caso del ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, víctima del desaguisado de un fiscal de provincia ecuatoriano). Mientras que el gobierno del Ecuador “manifiesta que reconoce la independencia de Funciones del Estado, respeta y acata la normativa y los procesos que lleva a cabo la Función Judicial dentro del territorio nacional y la normativa internacional sobre jurisdicción y competencia”. Obsérvese que el gobierno ecuatoriano ya no avala las acusaciones del fiscal contra el ex ministro de Colombia sino que se pliega a lo que resuelva la justicia.

Volviendo al tema económico, el canciller Bermúdez declaró que los ministros de Comercio de ambos países lograron ya un acuerdo para normalizar las exportaciones colombianas a Ecuador “en un par de meses”. Eso sí que nos complace porque, como dijimos al comienzo, los grandes paganinis de la crisis han sido los empresarios, los trabajadores y los consumidores, en general, de uno y otro lado. Según datos de los primeros cinco meses del 2009, entregados por Analdex, las retaliaciones económicas se han traducido en una caída del 13% en las exportaciones hacia ese país, siendo los más afectados los productos no tradicionales, con una disminución del 87,2%. Del otro lado, el prefecto (gobernador) del gobierno de El Carchi, general René Yandún Pozo, reconoció en días pasados que la ruptura de relaciones originó el debilitamiento de las exportaciones e importaciones, que se vieron más deterioradas desde que el gobierno ecuatoriano impuso salvaguardas a 1.346 productos colombianos y reveló que sólo en su provincia los sectores más deprimidos son el transporte, el comercio internacional, el turismo y la agricultura, que registraron reducciones hasta del 75%.

El acuerdo tiene, pues, doble importancia en este momento. En primer lugar, por el alivio a la dañina repercusión que ha tenido ese diferendo, tanto al interior de los dos países como hacia el exterior. Y en segundo lugar, por la muy clara influencia que esto está teniendo en la radicalización del señor Chávez, pues lo debe tener enfermo ver cómo está cambiando sustancialmente el tema de las relaciones colombo-ecuatorianas. El presidente Correa parece estar enviando señales muy categóricas de que su solidaridad con el coronel Chávez no llega hasta mantener indefinidamente una ruptura con su vecino del norte. Dos buenos puntos se anota nuestra Cancillería, que parece decidida a modificar su tradicional postura a la defensiva.