Colombia, ¡firme al pie de su cúpula!

Editorial

El Mundo, Medellín

Octubre 16 de 2009

Reiteramos nuestro rechazo a esa pretensión de enjuiciar al ex ministro de Defensa y el Comandante de las Fuerzas Militares.

En una copia al carbón de la insólita decisión judicial adoptada a fines de junio contra el ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, por parte de un juez penal de la provincia amazónica ecuatoriana de Sucumbíos, ayer se conoció que en una audiencia de formulación de cargos, realizada el 24 de septiembre pasado, el juez 3° penal de esa jurisdicción, francisco Revelo, ordenó la “prisión preventiva” contra el General Freddy Padilla de León, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, a petición del fiscal provincial, Carlos Jiménez, que no contento con eso le solicitó al juez Revelo que tramite una orden de extradición ante la Corte Nacional de Justicia.

Si no fuera porque las circunstancias diplomáticas y políticas han cambiado sustancialmente, hoy estaríamos tentados de decir lo mismo que dijimos entonces, en el sentido de que “a un juececillo de provincia y a un fiscal ídem se les puede perdonar cualquier despropósito, pero lo que resulta inaceptable... es que el Gobierno ecuatoriano no haya sido el primero en salir a desautorizarlos...”. Aun cuando tampoco esta vez hay propiamente una desautorización del Gobierno Correa, se colige – por las declaraciones de su canciller y de otros altos funcionarios – que para el Ejecutivo la decisión judicial es, como mínimo, “inoportuna” y parece clara su determinación de no permitir que la misma interfiera o cause un daño grave en el proceso de normalización de las relaciones en que han venido trabajando con tanto empeño las cancillerías.

El canciller Fander Falconí explicó que “el fiscal de Sucumbíos solicitó al juez de esa provincia la orden de prisión contra el general Freddy Padilla por los sucesos de Angostura. Me gustaría reafirmar un principio constitucional: las funciones del estado gozan de absoluta independencia y cada funcionario es responsable de sus decisiones”. En un comunicado del Ministerio de RREE ecuatoriano se dice: “La función ejecutiva no tiene ninguna capacidad de designar, intervenir, controlar o decidir sobre la fiscalía (...) En ese sentido, esto responde a una decisión autónoma de la justicia ecuatoriana”. En otra de sus declaraciones a medios colombianos, el señor Falconí ratificó que “desde el lado del Ejecutivo, desde el lado del Gobierno, tenemos una voluntad política de avanzar, de construir en estos diálogos que estamos sosteniendo con Colombia, que permitan una normalización de las relaciones diplomáticas”.

La tesis de la independencia de los poderes es completamente válida, pero es obvio que si aquellos funcionan armónicamente, como debe ocurrir en toda democracia que se respete, esa independencia no es absoluta y aunque el Ejecutivo no puede interferir en las competencias del poder Judicial, cuando se trate, como en este caso, de un asunto de la más alta conveniencia nacional, la colaboración y la coordinación debe ser estrecha para que el esfuerzo que está haciendo el Gobierno para normalizar sus relaciones con Colombia – entre otras cosas para atender el clamor de los millones de perjudicados – no se eche a perder o se vea gravemente afectado por la decisión de una autoridad judicial de tercera categoría. Como en efecto ha ocurrido, pues es clara la intención de sabotear la “agenda” de las negociaciones, dentro de la cual estaba prevista hoy una primera reunión de la Comisión Binacional de Fronteras, a la que debía asistir, entre otros, el general Padilla y que debió ser suspendida indefinidamente porque, como dijo con toda claridad el ministro de Defensa de Colombia, “no es posible enviar sus oficiales a una reunión en Ibarra, Ecuador, cuando pende una espada de Damocles sobre sus cabezas...”. Estamos de acuerdo. Colombia no podía exponerse a que el oficial de más alto rango de la República terminara convertido, como dice el ministro Gabriel Silva, en “carne de cañón y en un espectáculo jurídico-político en Ecuador. Eso es inaceptable... Uno oye las declaraciones públicas del fiscal, oye al juez y se da cuenta de que hay una actuación totalmente mediada por la política, por la politización, por el populismo, y que no tiene ninguna base jurídica”.

Hay un aspecto del episodio que nos preocupa y es que, mientras en el caso del ex ministro Santos no se conoció una posición de la Fiscalía General de Ecuador, en el del general Padilla sí hubo un claro aval a la decisión del fiscal de Sucumbíos por parte del Fiscal General, en funciones, Alfredo Alvear, quien en declaraciones al canal Ecuavisa defendió la providencia diciendo que el general Padilla, “junto al entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, fueron los que ordenaron el ataque” del primero de marzo de 2008. “Se solicitó la extradición, dijo, porque ellos manifestaron que fueron los que ordenaron el ataque al campamento de las Farc en territorio ecuatoriano”.

Nosotros reiteramos nuestro rechazo a esa pretensión de enjuiciar al ex ministro de Defensa y el Comandante de las Fuerzas Militares; respaldamos plenamente al Gobierno nacional en su decisión de “no reconocer la jurisdicción extraterritorial de la justicia ecuatoriana, para investigar y juzgar a funcionarios y ex funcionarios, tal como quedó plasmado en el comunicado conjunto publicado el pasado 24 de septiembre en Nueva York”; y hacemos votos porque este nuevo impasse no se convierta en un palo en las ruedas del pleno restablecimiento de las relaciones entre dos naciones hermanas.