Salomón Kalmanovitz
El Espectador, Bogotá
Octubre 12 de 2009
Se ha venido articulando una propuesta importante desde la región Caribe para enfrentar la creciente desigualdad entre las regiones del país y para asignar recursos públicos, de acuerdo con el nivel de pobreza y necesidades insatisfechas de los municipios del país.
Hoy en día las transferencias de la Nación y las regalías se reparten de acuerdo con el número de habitantes y no con sus carencias, existiendo mucha corrupción y despilfarro en su asignación.
Los autores de la iniciativa, Luis Armando Galvis y Adolfo Meisel, del Centro de Estudios Económicos Regionales de Cartagena, cumplen una ambiciosa agenda que pasa por convocar a todas las fuerzas políticas de las regiones pobres del país —el Chocó, Nariño y Cauca, Amazonia y Orinoquia, Norte de Santander y la región Caribe— pues todas enfrentan la misma desigualdad de oportunidades que se reproduce de manera creciente con el tiempo.
La periferia de Colombia concentra más del 44% de la población y el 60% de los habitantes con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), rondando entre la pobreza y la indigencia. El fondo propuesto destinaría recursos en un monto de $7,2 billones, relativamente modesto, para combatir la desnutrición, asegurar el nivel educativo básico a toda la población, complementar el gasto en salud y propiciar la construcción de infraestructuras esenciales para su desarrollo sostenido.
La propuesta se distingue porque no es particularista: surge del Caribe pero clama por la asociación con las otras regiones del país que han corrido su misma suerte, lo cual le asegura una coalición de intereses que son más válidos y efectivos que otros intereses particulares en torno a temas como infraestructuras o servicios del Estado.
Para salvar la trampa de la politiquería y la corrupción, el Fondo de Compensación estaría integrado por un consejo directivo y una secretaría técnica del más alto nivel, responsable de la asignación de los recursos. El fondo debe ser una política de Estado y tener una duración limitada en el tiempo, que los autores sugieren sea de 12 años, para que los beneficiarios entiendan que deben caminar solos después de ese lapso.
La propuesta no incluye incentivos para que las regiones pobres aumenten su esfuerzo fiscal. Lo que sucede en estas regiones —y en todo el país— es que existen personas muy ricas dentro de ellas que gozan del privilegio de no contribuir al fisco o hacerlo de acuerdo con sus preferencias. Esto es especialmente cierto en las áreas rurales donde los latifundistas ni siquiera registran en el catastro la verdadera superficie que poseen y el resto lo subvalúan groseramente. Se podría introducir que por cada peso adicional recaudado por un municipio con alto índice de pobreza, el fondo de compensación le pondrá 50 centavos adicionales.
Una propuesta complementaria sería que la DIAN haga el recaudo del impuesto predial rural y en los municipios que muestren pereza fiscal y les devuelva a sus administradores una parte sustancial de esos impuestos para invertirlos en los programas bandera del Fondo de Compensación Regional.
Dijimos antes que el monto propuesto de $7,2 billones para el Fondo es modesto. El presidente Uribe ha estado devolviendo $7,4 billones anualmente de impuestos a empresarios que no los necesitan, mientras que la población de estos municipios está asediada por las necesidades más primarias de sobrevivencia y de vida digna.
* Decano Facultad de Ciencias Económico Administrativas, Universidad Jorge Tadeo Lozano
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