José Luján Zapata
El Nuevo Siglo, Bogotá
Octubre 12 de 2009
Todo indica que la Sala Penal de nuestra Corte Suprema está adoptando dos tesis, a mi juicio, injurídicas, además, ‘hechizas’ o ‘echadizas’, según la definición que de esos vocablos da el Diccionario Larousse.
Como profesional del Derecho, creo que por lo que hasta ahora parece ser apenas la imposición de una tesis peregrina sobre Fiscal penalista, y también por secuelas que dejaron un comentario impropio de funcionarios de una embajada amiga, y unas grabaciones inocuas, hechas dentro de una demanda perversa oportunamente archivada por una fiscal con el visto bueno del Ministerio Público; tanto la dignidad nacional representada en el Presidente de la República como la de tres meritorios colombianos, están seriamente amenazadas. También creo que está en juego la responsabilidad del Estado por actos de sus servidores y el propio patrimonio económico de los magistrados que se nieguen a cumplir su obligación constitucional de elegir dentro de una terna legalmente presentada. Contra dichos magistrados podría repetir el Estado si llegaran a darse condenas millonarias por perjuicios morales y materiales públicamente causados.
Conozco personalmente o a través de sentencias y otras actuaciones oficiales, a la casi totalidad de los magistrados de la actual Corte Suprema de Justicia y al igual que un gran número de colombianos honestos, salvo posibles errores humanos, he admirado y pregonado sin ambages la entereza moral, el conocimiento jurídico y el valor civil demostrado por los magistrados de la Sala Penal en el conocimiento de la mayoría de los casos de la llamada parapolítica. Quiero exaltar ahora y aquí, actuaciones públicas de los tres últimos presidentes de la Corte y del actual de su Sala Penal, doctores César Julio Valencia C., Francisco Javier Ricaurte G., Augusto Ibáñez G. y Julio Enrique Socha S., quienes, desde sus cargos, han venido dictando cátedra de sapiencia jurídica y de dignidad personal e institucional. Especialmente el doctor Julio Enrique Socha parece sabio y acertado en su salvamento de voto en el asunto de la recuperación de una competencia ya cedida a otra autoridad, tema en el cual el Procurador General, creemos, tiene toda la razón. No obstante lo anterior, valoro y aprecio los logros vitales y las calidades intelectuales de María Virginia Uribe, Camilo Ospina y Juan Ángel Palacio, avaladas por el Presidente de Colombia en el momento de ternarlos para que uno de ellos sea Fiscal General. Por lo mismo creo que, en el estado actual de las cosas, después de que la Corte examinó televisamente a los ternados para la Fiscalía General, legal y moralmente, el proceso de elección tiene que terminar con la escogencia de uno de ellos. Otra solución resultaría afrentosa para los tres integrantes de la terna y para la dignidad nacional encarnada en el Jefe de Estado. La tesis del Fiscal penalista es peregrina y discriminatoria con los juristas no penalistas del país.
Con la misma lógica con la cual algunos dicen que la Fiscalía debe ser desempeñada por un penalista, otros podríamos decir que esa entidad, para administrar 22.000 funcionarios, debe ser ocupada por un abogado administrativista o laboralista.
Los ternados tampoco pueden renunciar ahora porque sería indigno de ellos.
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