Crisis de la Justicia

Paloma Valencia-laserna

El País, Cali

Octubre 03 de 2009

Esta columna ha denunciado una serie de males que crecen y se multiplican dentro del sistema de Justicia. Con una justicia enferma, está herida la democracia. De aquella depende –en parte- la credibilidad en la ley y las instituciones.

Tenemos un sistema acusatorio que utiliza sus herramientas para pervertir sus principios. Las recompensas para los testigos –en su mayoría delincuentes- han dado un ambiente enrarecido donde la verdad y la mentira se confunden. Sin saber el número de procesos por falso testimonio –imposible de localizar- y con la seguridad de no equivocarme, sostengo que son muchos menos de los que debería haber. Además, una acusación de la Fiscalía se ha vuelto una condena, sin que medie un juicio.

Y las capturas ahora son mecanismos de tortura. ¿Cuál aparte de causar sufrimiento es la intención de capturar a alguien que está asustado, enfermo de los nervios, recluido en una clínica a altas horas de la noche y utilizando una inyección de tranquilizantes, como se hizo con Plazas Vega? ¿Dónde está la investigación contra quienes ejecutaron esa acción y contra quienes la autorizaron?

Tenemos una Corte Suprema de Justicia con una marcada tendencia política, que ahora, además de elegir a sus propios miembros por cooptación, pretende elegir y dominar a las otras Ramas del Poder, en contravía de la Constitución y la ley.

El Procurador pidió que las ‘reuniones’ que realizan los magistrados auxiliares de la Corte con los paramilitares detenidos en EE.UU. fueran realizadas con el lleno de los requisitos legales de las audiencias preliminares. Se trata de una apreciación necesaria, la Justicia no puede estar de reunión en reunión haciendo ofertas y proponiendo arreglos sobre los cuales no queda una evidencia formal. Aunque lo haga inspirada en las más ‘nobles ideas’, la violación de las formas no sólo es ilegal, sino que destruye lo que la Justicia debe ser: transparente. La reacción de la Corte Suprema fue abrirle investigación al Procurador, aprovechando una decisión que no comparten: que el Ministerio Público hubiera absuelto a los funcionarios por el caso de la ‘yidispolítica’.

La Corte, además, decidió no elegir al Fiscal. Alegan que la terna enviada por el Gobierno no es idónea. Parecería más bien que desean tener un candidato que se ajuste a su gusto y no al del Gobierno. Querrían un penalista y, aunque suene razonable, es la Constitución la que establece el mecanismo y los requisitos y ésta no prevé esa condición; mal hace la Corte en exigirla. El sistema de frenos y contrapesos establecido por la Constitución indica que el Presidente electo democráticamente postula una terna y ellos escogen de esa terna. Es la Constitución la que establece que el Fiscal debe provenir de la escogencia presidencial.

Hasta hace poco la Corte extraditaba muchos colombianos por el delito de narcotráfico –narcos, ‘paras’ y guerrilleros-. Ahora considera que los guerrilleros no son narcotraficantes o busca argumentos para negar las extradiciones. Negaron la de los secuestradores de los norteamericanos alegando la primacía de la jurisdicción nacional. Ojalá no lo hagan para hacerse valer ante los EE.UU. y usar ese poder en su enfrentamiento contra el Gobierno. Ese país ya los invitó, así que debemos observar que dicen allá, para comprobar si sus decisiones sobre la extradición son otra pieza del plan para dominar al Gobierno.