Explicaciones necesarias

Editorial

El País, Cali

Octubre 09 de 2009

Con la perentoria declaración del presidente Álvaro Uribe ordenando al Ministerio de Agricultura exigir la devolución de los dineros mal otorgados del programa Agro Ingreso Seguro, el polémico asunto destapado hace dos semanas toma otro cariz. Tal posición exige que, además de recuperar los cuantiosos recursos, los responsables de esas adjudicaciones den explicaciones claras sobre lo acontecido con una iniciativa que perdió su rumbo.

Las palabras del Mandatario terminan de una vez con la retórica que trató de trasladar la responsabilidad en la adjudicación de créditos a una entidad internacional. Nadie pone en duda que el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Iica, dependencia de la Organización de Estados Americanos, OEA, fue la entidad encargada de revisar los proyectos y aprobar los créditos no reembolsables a los cuales se convocó.

Lo que causa malestar es que se hayan realizado algunas adjudicaciones polémicas, comprobadas por la revista Cambio. Y que la vigilancia que el Gobierno debe aplicar al proceso a través del Ministerio del ramo no haya detectado las irregularidades que se cometieron en algunas de esas adjudicaciones. ¿Por qué se le entregaron más de $25.000 millones a unas pocas familias en el departamento del Magdalena? ¿De qué manera fueron estudiados y revisados los documentos presentados por los beneficiarios, si ahora se descubre que una de esas familias recurrió a la división de un mismo bien por medio de contratos de arrendamiento para desconocer los topes fijados por la ley?

Los colombianos no cesan de demostrar su asombro y rechazo ante las denuncias que se vienen conociendo. Y esto no es producto de una campaña política contra alguien, como han pretendido argumentar quienes deben responder por lo que ha acontecido. Como lo demuestra la orden del presidente Uribe, allí hay irregularidades que deben ser reparadas a la mayor brevedad. Son anomalías que comprometen recursos públicos, destruyen la credibilidad del programa y ponen en tela de juicio la labor de quienes deben cuidar del buen manejo del patrimonio público, así la adjudicación la haya realizado el Iica.

Lo anterior no implica desconocer las bondades de un programa creado para mejorar la competitividad del campo colombiano. La Ley 1113 del 2007, por medio de la cual se crea e implementa el programa Agro Ingreso Seguro, fue concebida para ayudar a los agricultores frente a la amenaza de la competencia internacional a raíz de la suscripción de tratados de libre comercio. En ese sentido, la primera crítica es que tal competencia no se ha presentado debido al estancamiento en que se encuentra el TLC con los Estados Unidos.

Pero esas bondades no eximen de responsabilidad a quienes debieron vigilar su buen uso. Ahora, cuando se descubren maniobras dolosas, queda claro que ni siquiera el hecho de que los beneficiarios hubieran cumplido los requisitos o que una entidad externa hubiera realizado las convocatorias y posteriores adjudicaciones pueden servir de argumento para explicar la falta de control ejercido en este caso por el Ministerio de Agricultura. Además, porque nada puede justificar que los recursos del Estado se utilicen para agrandar la inequidad en Colombia.