La 'cátedra' de aborto

Editorial

El Tiempo, Bogotá

Octubre 22 de 2009

Una polémica de marca mayor ha causado una sentencia de la Corte Constitucional revelada esta semana, que ordena al Gobierno el diseño de un plan de promoción de los derechos sexuales y reproductivos que deberá ser enseñado en las instituciones educativas del país. La decisión hace parte del fallo de una acción de tutela a favor de una mujer a quien se le negó el derecho de abortar, a pesar de cumplir con los requisitos estipulados por la ley.

Hace más de tres años, el alto tribunal despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en tres situaciones especiales: la salud de la madre en riesgo, violación y malformación del feto. Sin embargo, para un alarmante número de mujeres, hacer efectivo este derecho se ha convertido en un viacrucis. Hospitales y doctores alegan objeciones de conciencia para evitar los procedimientos, mientras que las EPS exigen ilegalmente permisos judiciales. Hasta algunos jueces han bloqueado los trámites y entorpecido el cumplimiento pleno del fallo.

Para erradicar ese ambiente de desinformación, boicoteo institucional y franca burla de los mandatos constitucionales, la Corte estipula que los ministerios de la Protección Social y de Educación pongan en marcha, en tres meses, la iniciativa, para que los jóvenes aprendan, conozcan y exijan sus derechos en materia sexual y reproductiva. Así mismo, el fallo ordena a la Superintendencia de Salud vigilar a las EPS para que las mujeres que cumplen con las condiciones descritas puedan abortar sin excusas ni dilaciones. Además, da instrucciones al Tribunal de Ética Médica para que investigue los casos en que los galenos se nieguen a efectuar estos procedimientos.

Los críticos de la actual despenalización han acusado a la corporación de querer instaurar una "clase" de prácticas abortistas en los colegios públicos y privados. Estas afirmaciones no solo están alejadas de la realidad, sino que buscan intencionalmente generar temor y desinformar a las familias. Un plan de promoción de los derechos sexuales, además de educar a los estudiantes en los tres casos en los que la ley colombiana acepta el aborto, también abordará discusiones vitales, como el uso de métodos científicos de anticoncepción y la libre decisión de iniciar la vida sexual. En un país con una de las tasas más altas de embarazo adolescente de la región, esta es una medida bienvenida. Al fin y al cabo, en años recientes ha crecido la preocupación por que los logros en planificación y salud sexual que caracterizaron a Colombia en décadas pasadas estén en peligro para las nuevas generaciones y, en especial, para los más pobres.

La Iglesia Católica ya anunció que desobedecerá la sentencia. "Los educadores católicos no vamos a enseñar eso", afirmó monseñor Juan Vicente Córdoba, secretario de la Conferencia Episcopal. Sin embargo, la despenalización del aborto en los tres casos mencionados ya hace parte del acervo de derechos de la mujer en Colombia y de su legislación. Es menester que todos los colegios, sin importar su orientación religiosa, enseñen los derechos reproductivos a la par que educan en derechos políticos o sociales. Nadie está impidiendo que las instituciones católicas o cristianas complementen esta formación con otros mensajes acordes con su fe y su visión de la sexualidad.

Lo que es inaceptable para un Estado laico y separado de la Iglesia como el colombiano es que, amparados en objeciones de conciencia o credo confesional, jueces, EPS, médicos y maestros impidan y entorpezcan el ejercicio y el conocimiento de los derechos de las mujeres en salud reproductiva. Con este fallo, la Corte Constitucional, en buen momento, quiere aclarar cualquier confusión y despejar las dudas que se están usando como excusas, de buena y de mala fe, para boicotear la correcta aplicación de la ley.