Responsabilidad indirecta

Fernando Londoño Hoyos

El Tiempo, Bogotá

Octubre 22 de 2009

Nos da muchas veces la impresión de que el presidente Uribe es el único que ignora el obsesivo propósito de la izquierda latinoamericana, hace tantos años reunida en el Foro de Sao Paulo y ahora mayoritaria en el ejercicio del poder, de llevarlo como reo ante la Corte Penal Internacional. El mamertismo continental lo acusa de haber estorbado eficazmente el proceso victorioso del socialismo del siglo XXI. Se entenderá que es una razón suficiente para castigarlo y de paso para explicar la derrota catastrófica con que se presentará ante la Historia ese movimiento.

Para llevar al doctor Uribe Vélez a la Corte Penal Internacional es menester acusarlo de una atrocidad enorme. Les quedará difícil encontrar algo que se asemeje al terror de Pol Pot o a los crímenes innumerables de Sudán o a las masacres de Ruanda. Pero dos mil asesinatos cometidos fuera de combate en eso que llaman alternativamente los falsos positivos o las ejecuciones extrajudiciales, ya es un buen comienzo.

Por algo se empieza. Ubicado en estos términos lo que se llama el cuerpo del delito, solo hay que dar el salto hacia alguna forma de culpabilidad. Se comprenderá que el tema es mucho más complejo que el de las bajas físicas, que nadie discute.

El reproche de conducta al Presidente se advierte empresa mucho más difícil. Por descontado se da que no podrá hacérsele ninguna imputación a título de dolo a una persona que jamás se pronunció de modo que pueda semejar una orden o una autorización para producir la muerte de un solo ciudadano. Y tampoco es fácil edificar el delito culposo. Al Presidente Uribe no se le puede atribuir negligencia, ni impericia, ni temeridad, ni incumplimiento de leyes o reglamentos en su lucha por conseguir la seguridad democrática.

Y aquí es donde viene como anillo al dedo la famosa responsabilidad indirecta. Fue la única que le sirvió a la Corte Suprema de Justicia del Perú para deshacerse de Fujimori. Y no habrá otra que convenga mejor a las arremetidas contra el presidente Uribe Vélez. Recordemos que en materia penal no hay espacio para desarrollar la noción de la culpa aquiliana genérica fundada en la responsabilidad objetiva. Aquello de la culpa in eligendo o in vigilando puede ser útil para definir la responsabilidad objetiva del Estado, pero solo en materia patrimonial.

En la responsabilidad indirecta sí cabe todo. El jefe tenía que saber lo que pasaba y también tenía que estar en condiciones de evitarlo. Por ambas cosas se tacha su conducta y se lo manda a la cárcel. Es precisamente con ese argumento con el que vienen trabajando la Fiscalía General de la Nación y una porción de jueces colombianos que sienten que un sargento o un teniente son muy poca presa y que vienen buscando hace rato que caigan los coroneles y los generales en sus celadas dialécticas.

Pero lo que más sorprende es que sea el propio Gobierno el que sostenga la tesis. El viceministro de Defensa, Sergio Jaramillo, en declaraciones concedidas al diario EL TIEMPO, justificó de esa manera la destitución de los 27 militares sacrificados en la rueda de prensa del 29 de octubre del año pasado. Nada hay que imputarle a ninguno de ellos directamente, dijo, pero como jefes deben responder por los falsos positivos.

Esa es exactamente la razón que se quiere esgrimir para que Álvaro Uribe pase de Presidente a reo y de reo a soportar la cadena perpetua. Como jefe supremo de las Fuerzas Militares, no podía ignorar lo que ellas hicieron y estaba en sus manos impedirlo.

Acaso sin saberlo, quién sabe, Jaramillo redondeó la faena del Colectivo de Abogados, de otras asociaciones de juristas y del Foro de Sao Paulo.

Lo que más nos sorprende es que nadie lo haya notado. Ni siquiera el Presidente.