¡Por Dios! ¡Paremos esa injusticia!

José Obdulio Gaviria

El Tiempo, Bogota

Octubre 21 de 2009

Conocí Arauca en el 2003 (junio), cuando el Presidente trasladó allí su gobierno. ¡Arauca! Ningún escenario mejor para valorar el peligro que representaban las Farc, el Eln y las Auc (aún no desmovilizadas por la época). Nos recibieron con bombazos. ¡Qué altanería, y qué pavor el que infundían! En las emisoras difundían el manido discurso 'caguanero' del "conflicto social y armado"; repartían pasquines injuriosos y decretaron hasta "paro armado". La gente de bien no sabía a qué plegarse: si a la firmeza de Uribe o a la férula de los "actores armados".

Tres días con Uribe obraron como bálsamo y reconstituyente. En el Consejo Comunal, multitudinario, oradores 'farosos', nunca repuestos del golpe político asestado, quisieron revivir su cantinela: ¡"solución negociada" ("rendición de la sociedad") o muerte! Uribe respondió con arenga enardecedora: "Nosotros no le vamos a permitir a esta guerrilla tener santuarios ni aquí ni en la cochinchina. Que vayan consiguiendo naves extraterrestres para que se escondan". Le ripostaron con la consigna popular: "exigimos descongelación de las regalías, ya". Ganaron, pero como Pirro a los romanos. Uribe las descongeló. Las trasladó al Batallón de Ingenieros para pavimentar la carretera a Tame, sueño inmemorial de los araucanos.

Si con la Seguridad Democrática las cosas eran así, cómo serían en diciembre de 1998, en una Arauca tierra de nadie. Las Farc, engreídas, se creían un ejército ad portas del poder. Hasta el gobierno colombiano los trataba como "Estado embrionario". El 12 de diciembre de 1998, consta en videos, pilotos farianos aterrizaron avionetas en la carretera, a pocos metros del caserío de Santodomingo (Arauca). Bajaron armas y dólares y subieron coca.

La Fuerza Aérea, en acción legítima del Estado, hizo prolongados operativos (tres días) de contención y de apoyo a las fuerzas en tierra. Fue un enfrentamiento armado entre servidores públicos y la élite del narcotráfico, con pérdida de vidas de civiles, incluidas mujeres y niños. La situación fue confusa, no lo niego; y por la dispersión de la prueba técnico-legal, nunca podremos saber, a ciencia cierta, qué pasó.

Una organización eclesial, un colectivo de abogados y una asociación de "víctimas del Estado", que siempre han predicado que "los grupos guerrilleros no son sujetos a los que les resulte obligatorio respetar las normas humanitarias, dado que la guerra que están librando es justa", determinaron, arbitrariamente, que ellos sí poseen la verdad revelada; que sus presunciones son irrefutables, dado que en Santodomingo se enfrentaron guerrilleros, imbuidos de motivos altruistas, contra oficiales de un Estado asesino. En tal caso, ¿para qué hacer averiguaciones?

Hay desmovilizados de las Farc ('Jhonny' y 'Puntilla') que aseguran haber estado en esos combates; dicen que los muertos fueron sus escudos humanos; que la explosión del camión fue obra de ellos y que mató a varios civiles; que abogados los prepararon como 'testigos' para responsabilizar al Estado. Nada han valido los nuevos datos. La justicia les cree a los enemigos políticos del Estado y no les cree a sus servidores, o a los terroristas arrepentidos.

Hace 11 años, con tesón digno de mejor causa que perseguir a inocentes, varias oenegés se han cebado con el capitán Romero, símbolo del operativo militar. Lo han perseguido como persigue un león a un venado. Primero lograron revocar la calificación del hecho como operación legítima con efectos colaterales; cinco años después, presionaron a los jueces para que se calificara como homicidio culposo; hoy, sin prueba nueva que lo inculpe, le han clavado 31 años de cárcel por "homicidio intencional".
Conocí al capitán Romero, piloto de Satena, hombre decente, estudioso, esposo y padre ejemplar. ¿Deberá podrirse en una cárcel, para darle gusto a una corriente política derrotada, pero influyente en Washington? Y, ¿el in dubio pro reo; y la duda invencible, qué? ¡Por Dios! ¡Hasta dónde pensamos llevar esa injusticia!