La Corte envalentonada

Iván Garzón Vallejo

El Mundo, Medellín

Octubre 1 de 2009

Tenía el propósito de escribir esta columna acerca del debate que se viene dando en Medellín en torno a la Clínica abortiva de la Mujer, la importante movilización ciudadana que ha generado, la prudente reculada del Alcalde, y la feroz oposición de los defensores de la iniciativa que hacen pensar que, si se tomara como referencia a algunos periodistas y columnistas, Colombia sería un Estado confesionalmente laicista. Sin embargo, recientes decisiones y declaraciones de la Corte Suprema de Justicia hacen temer que institucionalmente estamos arribando a un atolladero. Así que, con el perdón de los lectores, me ocuparé de este último asunto, pues en la Corte vienen sucediendo cosas que causan enorme preocupación, y ante las cuales, como ciudadano, sólo cabe exigir sindéresis. Aludiré a tres de ellas.

Primera: la elección del Fiscal General. No he tenido problema en cuestionar al Gobierno en aquello que se ha equivocado. La búsqueda de un tercer período del Presidente es la más preponderante. Eso me hace ajeno a cualquier sospecha de “furibismo” o de concederle la razón en todos los debates. Pero en este caso me parece evidente que la Corte está contrariando la Constitución, pues los artículos 232 y 249 no le confieren discrecionalidad en la elección del Fiscal. Es un procedimiento reglado. Sin embargo, están basando su postura en una supuesta discrecionalidad –justificada como responsabilidad– que no es expresa, y por lo tanto, es sospechosa. Tiene tinte político, incluso revanchista. Que la Corte está sustentando la inviabilidad de la terna en un requisito constitucional inexistente lo dejó claro el domingo pasado su presidente en la entrevista de El Tiempo. Allí el magistrado Ibáñez señala que los candidatos deben tener consideraciones en la política criminal. ¡Por supuesto! Es lo ideal. Pero la Constitución no lo dice, y por ello, el requisito es antojadizo y arbitrario.

Segunda: la decisión de los parapolíticos. Se ha conocido que la Corte habría variado su jurisprudencia para considerar que los congresistas con nexos con los paramilitares no sólo son responsables de concierto para delinquir, sino que además serían considerados integrantes de las estructuras paramilitares, y por lo tanto, serían juzgados por crímenes de lesa humanidad, parece un exabrupto jurídico. Hay antecedentes históricos, pero de contextos muy diferentes al nuestro. Salvo que dicha vinculación se pruebe jurídicamente en cada caso, tal tesis implicaría desconocer la distinción entre el autor, el coautor, el determinador, y el cómplice. Como la responsabilidad penal es personal, no parece jurídicamente válido considerar que todos los intervinientes en una empresa criminal tienen la misma culpabilidad. No actuaron del mismo modo.

Y la justicia penal, cuyas conquistas garantistas y liberales sólo ponen en duda las posturas autoritarias, no puede aplicarse “con regadera”.

Tercera: el tono del presidente de la Corte. En la misma entrevista de El Tiempo, Yamid Amat le preguntó a Augusto Ibáñez por la solución para el impasse de la elección del Fiscal y éste respondió: “el diálogo y no hacer de esto una contienda”. Pero a renglón seguido dijo que es irreversible la postura de la Corte de considerar la terna no viable. ¿Se puede dialogar sin estar dispuesto a reconsiderar la propia posición? Pero además, preocupa la alusión que hizo el magistrado a una postura académica según la cual la Corte podría elegir un Fiscal en provisionalidad. Asimismo, la aseveración de que el siglo XXI es el siglo de los jueces y de las víctimas da un motivo más para pensar que la Corte está comprometida con enfoques políticos y cierto activismo. Como si fuera poco, las respuestas al Procurador han sido desatinadas, y una investigación disciplinaria contra él podría interpretarse como un intento de neutralizar sus cuestionamientos. Por ello, cada vez hay menos razones para poner en duda que la Corte está envalentonada y que toma decisiones con un sesgo político. Es muy peligroso lo que estamos viviendo: politización de la justicia y judicialización de la política. ¿Tendrá razón Alfredo Rangel con aquello de que la Corte es un partido de oposición? Me niego a creerlo.