miércoles, 21 de octubre de 2009

Octubre 10 de 2010

Álvaro De la Espriella A.

El Heraldo, Barranquilla

Octubre 21 de 2009


Después de diez y siete fracasos en la presentación de Proyectos de Ley, que se han archivado, para reglamentar la regionalización del país conforme lo indica la reforma de la Constitución de 1991, los ocho departamentos de la Costa Caribe colombiana resolvieron acudir al mecanismo plebiscitario que esta misma Constitución autoriza, para convertir en mandato obligatorio la autonomía institucional de la Región Caribe.

En el pasado Foro que se llevó a cabo en Santa Marta y en el acto de presentación de la Proclama en el Teatro Amira de la Rosa el pasado día 10, con la presencia del presidente del Senado, varios alcaldes y parlamentarios, autoridades y expertos, los ocho gobernadores establecieron el compromiso de valernos con mecanismos constitucionales para buscar la realización de un anhelo histórico que la falta de voluntad política centralista en Bogotá ha impedido que sea una realidad.

Se hizo singular claridad, especialmente por parte del presidente de la Federación de Gobernadores, Eduardo Verano De la Rosa, en magnífica intervención, que no se trata de un concepto ni un proceder separatista. Por el contrario, es el desarrollo propicio de una aspiración reprimida pero ya latente en la historia, y así lo demostró en su cuadro retrospectivo Gustavo Bell, lo que se persigue es valerse de los mecanismos constitucionales para buscar una región más competitiva cuando hoy día se ha comprobado el atraso de la Costa Caribe con respecto a otros sectores del país, en todos los órdenes.

Buscamos entonces dar el gran salto en los 132.208 kilómetros cuadrados que habitamos. A través del Fondo de Compensación, iniciar una tarea que empiece a fortalecer todos los programas de integración y desarrollo que ya ha señalado con eficacia el Observatorio de la Región Caribe. Hay que cambiar un panorama donde el presupuesto nacional absorbe el 89% demostrando que es inequitativo el reparto y la distribución de los recursos. Por eso la autonomía en la institucionalidad de la Región Caribe es ya una necesidad, y el 10 de octubre de 2010 saldremos los costeños a las urnas para confirmarlo.

Diez millones de personas deseamos darle salida a nuestro potencial industrial, comercial, agropecuario y agroindustrial, turístico. Toda una región, como sucede en Europa, por ejemplo, anhela las grandes obras que en los gobiernos centrales solo se quedan en promesas. Los nuevos aeropuertos, el tren regional, la competitividad en altos índices de educación, salud y cobertura social de vivienda, conseguir progresos sustentables en la lucha contra la criminalidad, el capital de trabajo para la inversión de los productores menores, entre otros anhelos, constituyen legítimas aspiraciones de quienes han soportado por muchos años una discriminación injusta. Leer la letra menuda del desarrollo de la Región Caribe es percibir que somos un archivo de promesas incumplidas. La visión con la cual se determina la distribución de los recursos desde el gobierno central siempre fue injusta porque por múltiples motivos la región no pudo o no supo conseguir lo necesitado.

Siempre se nos trató como el patio trasero, al cual hay que ayudar, eso, ayudar, así, casi como respuesta al término implorar, un verbo que nos ha marcado más de cien años. Pues llegó el momento de decir ¡no más! Sin violencia, sin rebeliones, sin violentar la Constitución, por el contrario, amparados por ella.

Terminada de escribir esta columna se conoce la propuesta del Presidente del Senado de convocar el Plebiscito Caribe en octubre de 2011. No senador Cáceres, sería un error. El asunto es ahora, ya. ¡Así lo deseamos toda la Costa Caribe!

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