Pena ajena

Diana Sofía Giraldo

El Nuevo Siglo, Bogotá

Octubre 2 de 2009

¿Qué es lo que indigna en torno de los dineros otorgados por el Ministerio de Agricultura, mediante el Programa Agro Ingreso Seguro, a grandes empresas familiares donde tíos, hermanos, primos, madres, novias, se beneficiaron de unos dineros de los contribuyentes que no son reembolsables, ni pagan impuestos? No se equivoquen. No es un problema de legalidad, es un problema de pérdida de confianza.

No se trata de no poder otorgarles incentivos a los ricos, ni siquiera de requisitos técnicos y legales en la entrega de los documentos para hacerse acreedor a unos subsidios para el campo, ni mucho menos de perseguir “a unas personas de bien que no le deben nada a la justicia”, como afirmó el ministro de Agricultura, Andrés Fernández. Ese tipo de explicaciones, precisamente, son las que producen pena ajena.

Señor Ministro: en Colombia son millones y millones “las personas de bien que no le deben nada a la justicia” y que, además, cultivan el campo en condiciones de miseria. Esa misma población que ha entregado su confianza a un Presidente que se reúne con ellos en los Consejos Comunales, que les habla en su mismo lenguaje, que como un padre austero los motiva a “trabajar, trabajar y trabajar”, aunque no haya dinero para subsidiarles las cosechas. Ese mismo que es implacable a la hora de llamar a las cosas y a las personas por su nombre: “terrorista, bandido, corrupto…” el que les genera identidad y empatía porque no esconde nada, es directo y conoce las penurias del campo como ellos., y los defiende.

Lo que está en juego, pone en tela de juicio el tejido del que están hechas las mayorías que acompañan al presidente Uribe: es la confianza.

No tiene presentación que se regalen dineros del Estado a manos llenas a quiénes, precisamente, están en posibilidad de tomarlos prestados en buenas condiciones, bajos intereses y plazos amplios. Los hoy beneficiados con estos regalos están en capacidad de invertir esos recursos, obtener buenos rendimientos de su inversión y devolverlos, mientras los campesinos de a pie luchan por un préstamo en el banco para sacar la cosecha, tienen que pagar cumplidamente los intereses, cancelar el capital completo, y permanecer en situaciones de pobreza. ¿No resquebraja este mensaje de inequidad la confianza del pueblo en su gobernante?

Queda en manos de las autoridades de control examinar los criterios con los que se otorgaron estos beneficios a cadenas familiares poderosas, a reinas de belleza y a parientes de funcionarios del Gobierno. Y seguramente, a la luz de la legalidad todo está bien. Pero no todo lo legal es compatible con la ética pública.

Subestimar este episodio, siguiendo la táctica de dar a conocer listados de personas de bien donde se mezclan préstamos con regalos, confunde, pero no restaura la pérdida de confianza. Sólo un reconocimiento franco y público de una gran equivocación evitará que miles de colombianos sigamos sintiendo pena ajena por las justificaciones de lo injustificable.

El ejemplo real lo dio Valerie Domínguez al renunciar al subsidio. Su rectificación inspira respeto.