Referendo y democracia

Por Alfredo Rangel

Revista Semana, Bogotá

Octubre 3 de 2009

Ante la persistente e insuperable falta de apoyo popular, como lo demuestran las elecciones y todas las encuestas recientes, los líderes de la oposición y sus columnistas han optado por esgrimir la peregrina tesis de que un gobierno es dictatorial por el solo hecho de gozar durante un tiempo prolongado del apoyo mayoritario de los ciudadanos.

A renglón seguido citan los casos de dictadores (Hitler (!), el más mencionado) que contaron con apoyo popular, para concluir que esto es una demostración de que Uribe es un dictador, o le falta poco para serlo. Olvidan señalar, claro, que esos dictadores cerraron Congresos, ilegalizaron partidos, clausuraron medios de comunicación, encarcelaron y masacraron opositores, etcétera, mientras que en Colombia hay cada vez más garantías para el ejercicio de la democracia.

Por su parte, los más aventurados opositores al referendo vociferan diciendo que para que haya democracia la mayoría no es suficiente y que se requiere un consenso unánime y total para reformar las reglas del juego político. Para refutarlos me apoyaré en Norberto Bobbio, un autor con todas las credenciales democráticas y por encima de cualquier sospecha. Él plantea que la democracia supone el consenso y el disenso y, refiriéndose a las reglas de juego, afirma que puesto que el consenso unánime es imposible, "para que haya democracia basta el consenso de la mayoría; pero, precisamente, el consenso de la mayoría implica que haya una minoría que disiente". Y concluye: ''Solamente allí donde el disenso es libre de manifestarse, el consenso es real (no impuesto) y solamente donde el consenso es real, el sistema se puede llamar justamente democrático" (El Futuro de la Democracia, FCE, 1992)

Otros temerariamente advierten que si la mayoría de los ciudadanos aprueba el referendo que haría posible una segunda reelección, el país se pondría ad portas de una nueva guerra civil. Olvidan que la Asamblea Constituyente que aprobó la Constitución del 91 -que acatamos y defendemos- fue votada sólo por el 26 por ciento de los colombianos y que su norma fue aprobar cada artículo de la nueva Constitución no por consenso, sino en dos votaciones, una con mayoría simple y otra con mayoría calificada. Esto no hizo ilegítimo el resultado ni provocó una guerra civil, a pesar de que el acto que le dio origen, la "séptima papeleta", era un mecanismo no previsto por las reglas de juego entonces vigentes para los cambios constitucionales, es decir, fue un verdadero golpe de opinión.

Pero si lo anterior no invalidó el proceso constituyente del 91, mucho menos se puede cuestionar el proceso actual del referendo, que se ha ceñido a las reglas de juego vigentes. Hay que recordar que una Constitución fija las reglas del juego político en general, entre ellas las reglas de juego para cambiar las reglas de juego. Así, un cambio de las reglas de juego respetando las reglas de juego no es una violación a las reglas de juego. Las Constituciones no son documentos pétreos ni muertos, son organismos vivos que hay que adecuar a las exigencias propias de la dinámica existencia de los pueblos, respetando, obviamente, los procedimientos establecidos para tal efecto. Y si lo hace directamente el pueblo, será aun mejor y más democrático, pues, como lo dijera César Gaviria hace pocos años, pero parece haberlo olvidado: "Es sólo el pueblo constituyente el que sabe lo que necesita, lo que ha servido, lo que debe cambiar, rediseñar o reinventar".

Por supuesto que, como señalan algunos opositores, las mayorías no bastan para que un régimen sea democrático. Se requiere también que las minorías tengan todas las garantías para ejercer sus derechos de opinión, de reunión, de asociación, de movilización, etcétera. Pero ninguno de esos opositores ha logrado demostrar que en Colombia no existen garantías para la oposición política. Se quedan varados en su afirmación, como si contar con las mayorías fuera de hecho una objeción insuperable, sin atreverse a constatar y a reconocer que en Colombia ellos mismos y todos los sectores políticos tienen plenas y crecientes garantías para el ejercicio democrático.

Si la Corte Constitucional en su sabiduría lo hace posible, el pueblo, o sea, la opinión pública, aprobará libremente el referendo. Como diría Giovanni Sartori: "Las elecciones expresan, en su conjunto, la opinión pública", y en este sentido, "la democracia es gobierno de opinión, una acción de gobierno fundada en la opinión". (La Democracia en 30 Lecciones, Taurus,2009). La madurez democrática del pueblo colombiano y la solidez de sus instituciones se encargarán de desmentir a quienes a propósito del referendo y de la reelección hablan de dictadura, cuestionan las mayorías o auguran guerras civiles.