Subsidios agrícolas

Juan José Perfetti del Corral

El Colombiano, Medellín

Octubre 9 de 2009

La discusión pública que se ha dado recientemente alrededor de las asignaciones de recursos del programa Agro, Ingreso Seguro (AIS) ha dado lugar a todo tipo de interpretaciones y afirmaciones. Algunas muy puestas en orden, otras más políticas que técnicas y otras con posiciones atrevidas.

Éste es el caso de algunos editoriales de los periódicos de la capital que afirman, rampantemente, que, como en la gran mayoría de países del mundo, por no decir que en todos, se subsidia la agricultura, Colombia también lo debe hacer. Entre otras cosas, ese argumento, adobado de otros elementos, llevó a que se trabara la negociación interna del TLC, se demorara su concreción y que hoy el sector no pueda proyectarse como un gran exportador de bienes agropecuarios y agroindustriales.

La literatura internacional acerca del desarrollo agrícola mundial es clara en señalar que, aunque en muchos países desarrollados y en desarrollo se utilizan los subsidios, en la gran mayoría de los casos éstos han terminado distorsionando la asignación de recursos y, por ende, creando bases frágiles de desarrollo y crecimiento, y generando las inequidades e ineficiencias que el debate interno al programa AIS ha puesto en evidencias.

Muchas iniciativas y programas agrícolas basados en subsidios han tenido que ser cancelados o reformados sencillamente porque los resultados, que en un principio tenían las mejores, loables y lógicas intenciones, no fueron los esperados, al tiempo que se generaron distorsiones o aberraciones como las que se han conocido en el caso del AIS.

Por ejemplo, los subsidios al crédito de fomento dieron lugar a todo tipo de distorsiones y malversaciones que han llevado, sobre la base de estudios académicos, a recomendar que antes que nada lo que importa es una oferta adecuada de financiamiento agrícola y rural, y no sólo crédito, y garantizar el acceso universal a dicho financiamiento. Para los negocios agrícolas, lo que importa es poder disponer de los recursos financieros cuando éstos se necesitan.

Caso similar ha ocurrido con la experiencia de los subsidios a los insumos agrícolas que han terminado convirtiéndose en fuentes de corrupción y en mercados paralelos de dichos bienes. Los fondos de garantías han tenido que ser abolidos en muchos países por las distorsiones que éstos generan.

En Colombia, para no ir más lejos, cuando se instituyó el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) se fijaron niveles altos de apoyo o subsidio y al poco tiempo se advirtió de la alta concentración de recursos que se generaba en unos pocos cultivos y productores, que no eran los que más lo necesitaban, y el escaso y limitado beneficio social que se percibía, pues lo que estaba ocurriendo era que el recurso propio de los productores era sustituido por el recurso público. De esta forma, en vez de generar valores incrementales para la sociedad, que es lo que importa desde el punto de vista de las políticas públicas, se estaba dando una apropiación netamente privada de los beneficios derivados, además de que se valorizaban los predios de los beneficiarios del incentivo. Esto llevó a la necesidad de reducir sustancialmente los niveles de apoyo y a ajustar las condiciones y los requisitos para acceder al incentivo. Hoy en día se tiene un instrumento que, siendo un subsidio que toma la forma de un incentivo a la inversión en el sector agropecuario, funciona adecuadamente, permite el acceso de los pequeños productores al mismo y aporta, incrementalmente, al desarrollo del país.

Por ello, antes que formular la receta de los subsidios agrícolas a rajatabla, hay que establecer un esquema de incentivos y castigos, o sea, reglas de juego, que garanticen que los recursos públicos le generan a la sociedad un beneficio neto.