Editorial
El Colombiano, Medellín
Octubre 22 de 2009
Honorable significa "digno de ser honrado y acatado". A la Corte Constitucional se le ha denominado honorable, pero algunas de sus sentencias hacen que creamos que tan alta Corte no merece ser llamada honorable porque hay fallos que no merecen ser ni honrados ni acatados.
Hemos criticado que la Corte se extralimite en sus funciones y en vez de quedarse en su deber de emitir conceptos sobre la constitucionalidad o no de una ley, resuelva legislar sobre todo lo divino y lo humano.
Pero hoy nos referimos a la sentencia según la cual ni los jueces ni los médicos pueden invocar el sagrado derecho a la objeción de conciencia cuando se trata de hacer IVEs en los tres casos en que dicha Corte conceptúa que la mujer puede buscar que se le practique un aborto: malformación del feto, peligro de su salud física y mental o embarazo como consecuencia de una violación. Pero la Corte va más allá: autoriza a que niñas de 14 años o menos puedan ir a exigir que les saquen el bebé en gestación, que se los maten, sin que medie una orden judicial.
En su fallo, la Corte, la que tiene como misión salvaguardar la Constitución Nacional, ignora el Artículo 18 de dicha Constitución que dice: "Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia".
Pero además ignora el primero de todos los derechos: el derecho a la vida. Y lo hace con los seres humanos más indefensos que no pidieron ser concebidos, pero sienten. Que no pidieron llegar a este mundo, pero están en él. Que se amparan en el seno materno y tienen el derecho a percibir su protección. Que tienen un corazón que late, que se excitan y mueven, que se angustian y lloran, que sueñan y se sonríen. Pero que no pueden gritar ni defenderse cuando los quieren sacar a la fuerza para evitar que sigan viviendo y nazcan.
Quiere también la Corte que los colegios les enseñen a los niños sus derechos sexuales y reproductivos y que el Ministerio de Protección Social promueva campañas sobre los mismos. ¿Y dónde quedan los deberes? ¿Y dónde, la ética de los mínimos?
Sólo falta que nos exijan a los medios publicar las campañas que les dicen a las niñas y mujeres adultas cómo abortar. Si pretenden eliminar la objeción de conciencia para los jueces y los médicos, también podrán pretender eliminarla para los maestros y los medios de comunicación social, tanto estatales como privados.
Pero no podrán ir contra la ética de cada persona, así produzcan otro fallo para aplicarle la máxima sanción, la privación de su libertad. Es preferible ir a la cárcel con la conciencia en paz, que obrar en contra de ella y los mínimos principios éticos que la rigen. Ojalá las objeciones del Procurador General, Alejandro Ordóñez, sean tenidas en cuenta. Lo mismo que las del ex miembro de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández.
Hay que seguir gritando por quienes no pueden gritar, los bebés no nacidos, y seguir una resistencia pacífica, pero constante, hasta que la Corte entienda cuál es su función, no se extralimite, decida defender los deberes y la vida, y respete la conciencia de quienes los defienden. Si no lo hace, no merecerá respeto alguno y menos, el título de honorable. Ni será una Corte sana.
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