En defensa del Procurador

Rafael Nieto Loaiza

El País, Cali

Enero 17 de 2010

¿Por qué los mismos medios y los mismos políticos que ensalzaron al Procurador General por el concepto que llevó a la Comisión Nacional de Televisión a suspender el proceso del tercer canal ahora lo acusan de uribista recalcitrante y de estar vendido al Gobierno? ¿Por qué sostenían que su posición en relación con el proceso del tercer canal era obligatoria y vinculante y ahora sostienen que, en relación con el referendo, es apenas opinión deleznable y no tiene valor jurídico alguno? ¿Por qué asumen que si la Corte Constitucional hunde el referendo es salvadora de la democracia, pero si le da su visto bueno es porque estaba comprada por el Ejecutivo?

Advierto que no estuve de acuerdo con el concepto del Procurador en relación con el tercer canal (no creo que haya fundamento jurídico para sostener que una licitación en la que se presenta un único proponente sea contraria al orden constitucional y legal). Tampoco lo estoy con su opinión en relación con el referendo (por un lado, incluso el pueblo y las asambleas constituyentes tienen límites para sus decisiones. La soberanía popular encuentra su frontera en los derechos y libertades humanas. Por el otro, la violación de los mecanismos de financiación de campañas debe tener sanciones que trasciendan las responsabilidades individuales). Pero indigna ver el descarado doble estándar con que se le juzga y se evalúan sus actuaciones. Si convienen a los intereses de los opinadores, las posiciones de la Procuraduría son dignas de elogio y obligatorias y el Procurador casi un héroe nacional. Pero si no les gustan, el Procurador es un “godo reaccionario y camandulero” y sus opiniones son una “vergüenza”.

Lo cierto es que el Procurador fue elegido por votación abrumadora de congresistas no sólo uribistas sino de todos los partidos (Liberal y Polo incluidos) y sus posiciones ideológicas eran entonces ampliamente conocidas. El Procurador sólo ha sido consecuente con su trayectoria previa, algo que, de entrada, merece respeto y reconocimiento en un país lleno de insulsos, saltimbanquis y tránsfugas. Y aunque en ocasiones no se esté de acuerdo con él (he dicho ya que no lo estoy en dos temas de fundamental importancia), hay que admitir que sus opiniones son razonables y jurídicamente sustentadas. No es posible decir, además, que el Procurador le hace el juego al Presidente. Unas veces, como en el asunto del referendo, lo benefician. Pero en otras, como en el ejemplo del tercer canal, va en contravía de lo que el Gobierno quisiera.

De manera que lo que debe hacerse frente al Procurador es debatir sus argumentos y sus posiciones, incluso con vehemencia, pero no descalificarlo a él como persona o como jurista. El debate de ideas es lo propio de las democracias. No lo son el insulto y la descalificación personal y a priori.

Lo mismo, por cierto, es necesario con la Corte Constitucional. Con el añadido de que debería haber un consenso mínimo, social y político, en aceptar lo que la Corte tenga para decir sobre el referendo, sea cual sea su posición final y sea cual sea el margen de los ganadores. Preservar la legitimidad de la Corte es tan importante, en mi opinión, como su opinión sobre el referendo y sus resultados políticos. Sería fatal en términos de la institucionalidad democrática si como resultado de la búsqueda de la segunda reelección, además, nos llevamos entre las patas al árbitro constitucional.