La patraña del "informe inédito"

Eduardo Mackenzie

Blog Debate Nacional, París

5 de enero de 2010

Nueva irrupción absurda de El Espectador en el intrincado tema del proceso del Coronel Luis Alfonso Plazas Vega. El 2 de enero de 2010, un artículo no firmado aseguró, en efecto, que ese matutino había “conocido” un informe “inédito” intitulado “Operación Palacio de Justicia”. Añadió que ese texto había sido redactado por el Coronel Plazas Vega el 11 de noviembre de 1985 y que él lo había enviado al comandante de la XIII Brigada, general Jesús Armando Arias Cabrales.

El diario concluyó que ese texto, encontrado por la Fiscalía (probablemente en 2006) en la Escuela de Caballería, prueba que el Coronel Plazas “pretendió direccionar las investigaciones y unificar versiones para proteger el estamento castrense y las acciones que derivaron en la sangrienta retoma.”

La verdad es otra. Pero antes de ver dónde está la falla del artículo habría preguntar por qué, en lugar de publicar el facsímil del transcendental “reporte”, como complemento y respaldo de esa tesis, ese matutino ocultó tal texto y se limitó a ofrecer una serie de especulaciones inadmisibles sin permitirle al lector juzgar por sí mismo. El Espectador parece querer exigirle a sus lectores creer a ciegas lo que escriben sus redactores.

El Espectador tenía buenas razones para escamotear ese documento. Pues éste no es lo que el diario afirma y la historia que contó no es más que la mínima parte de un enorme enredo. El diario no contó, por ejemplo, que la Fiscal Ángela María Buitrago había vinculado al proceso al Coronel Plazas en febrero de 2007 mediante ese supuesto “informe” pero que esa misma Fiscal tuvo que retirarlo como prueba al constatar que Plazas Vega no lo había redactado ni firmado y que los conceptos que éste contenía nunca habían sido los de él. Por otra parte, El Espectador omitió decir que ese documento no es más que un borrador elaborado por una tercera persona para que el Coronel lo firmara ulteriormente pero que éste, al ver que no reflejaba su punto de vista y tenía notables errores, no lo firmó ni lo envió a nadie. Ese documento nunca llegó a manos del general Arias Cabrales. Todo eso lo saben las partes que intervienen en ese proceso, pero el diario prefirió silenciar esos hechos.

El artículo calla igualmente el hecho de que ese documento, junto con las falsas acusaciones de un tal Gámez Mazuera, presentadas el día anterior al apresurado viaje al Brasil de ese ex conscripto de la Policía, sirvió únicamente para vincular al Coronel Plazas al proceso.

Escamotea igualmente el hecho de que durante la fase de instrucción, la Fiscal, roída por la duda, hablaba de “documento-borrador del Coronel Plazas” y que al momento de formular sus acusaciones definitivas descartó ese reporte pues no había logrado probar que éste hubiera sido firmado por Plazas.

Ángela María Buitrago tuvo que retirar igualmente las declaraciones de Gámez Mazuera, descartadas también por la Procuraduría. Para acusar formalmente a Plazas, la Fiscal sólo se basó en la juramentada de un tal Edgar Villarreal. Mal le fue a la funcionaria con esa “prueba” pues a la postre se supo que ese señor había mentido. Su apellido verdadero (Villamizar) había sido cambiado. Ese falso testigo jamás pudo probar, además, que él había participado en los hechos del Palacio de Justicia pues él, en realidad, nunca salió de Granada, Meta, hacia Bogotá en el año de 1985.

Tal cantidad de falsedades y disimulos eran necesarios para tejer la nueva leyenda contra el Coronel Plazas. Esta vez, la impostura consistió en hacerle crear a la opinión que hubo unas “recomendaciones estratégicas de Plazas Vega a su superior”, destinadas a “desviar la investigación” judicial. Semejante acusación fue lanzada precisamente el 2 de enero de 2010, época festiva en que, aparentemente, la víctima de la sucia maniobra, y su abogado, deberían estar menos alertas, y a unos días o semanas del anunciado fallo, que no puede ser sino absolutorio, como estimó la Procuraduría General de la Nación.

Los manipuladores, sin embargo, fueron cogidos con las manos en la masa, como lo habían sido en octubre pasado cuando inventaron unas falsas acusaciones “del Departamento de Estado” que resultaron ser las quimeras tendenciosas de una misteriosa Ong que ayuda a quienes quieren impedir que la verdad triunfe en ese proceso.

Para completar el subterfugio, el redactor comparó dos textos que no podían ser comparados: el supuesto “informe” sin firma de 1985, con el texto de la polémica Comisión de la Verdad del Poder Judicial, escrito 24 años después del sangriento episodio. Los comparó para sacar la conclusión absurda de que como las conclusiones son "diametralmente opuestas" la posición de los dos militares el ilegitima.

El Espectador adoptó la fórmula tendenciosa de “retoma” aunque sabe que el Tribunal Especial de Instrucción siempre habló de la “recuperación del Palacio”, después del asalto, pues la expresión “retoma” es utilizada por el M-19 para poner en un mismo plano a los agresores y a los defensores del Palacio. El Ejército no hizo ninguna “retoma”: como parte del Estado lo que hizo fue “recuperar” el edificio asaltado.

Para el autor del artículo "nada de exitoso tuvo [el] episodio", de la acción militar en el Palacio de Justicia. El Espectador niega así de manera increíble que el rescate de 260 rehenes, y la derrota de los asaltantes, haya sido no sólo un “éxito” sino, para utilizar un lenguaje más exacto, un acto militar heroico de carácter histórico que impidió la ruptura de la continuidad de la democracia colombiana.

Ese redactor no ve que la derrota de los terroristas ese día, a pesar de la elevada pérdida de vidas humanas, frustró el golpe de Estado que se preparaba (los terroristas llamaban a eso “juicio popular contra el presidente de la República”). En otras palabras, El Espectador, con ese lamentable artículo, adopta una actitud de negación total de la realidad de lo que fue el mayor crimen del M-19. Adopta un plano psicológico y ético que no es diferente al de los autores del mayor atentado cometido por la subversión marxista contra el orden político y social de Colombia.

Detrás de esos esfuerzos desinformadores asoma la cara de una ideología que hay que denunciar. Esta pretende hacer pasar como actos excusables y hasta loables los crímenes que se cometen en nombre del socialismo. Mientras que todo acto legítimo y legal del Estado por defender las instituciones democráticas sería un crimen. Esa es la batalla ideológica que están dando quienes, en el gran escrutinio sobre los hechos del Palacio de Justicia, se oponen a que la verdad y la justicia prevalezcan sobre la mentira y el horror.

Para ellos, esa es la causa suprema a defender al precio que sea. Todas las formas de lucha están siendo empleadas para eso y ellos van ganando. Los jefes del M-19 están, por ahora, en libertad, han evitado hasta ahora todo proceso penal, que algún día llegará, y están fungiendo como políticos confiables, mientras que los defensores del país, de sus libertades, están en la cárcel y siguen siendo víctimas de campañas sofisticadas de odio, oprobio y desinformación. Pero pese a todo, la verdad terminará, como siempre, por imponerse.