Crimen y castigo

Editorial

El Tiempo, Bogotá

Enero 7 de 2010

Con la reclusión de Samuel Viñas en la cárcel del Bosque de Barranquilla, la tranquilidad parece haber retornado a la opinión pública, conmovida por un hecho especialmente doloroso. Como se recordará, en la madrugada del primero de enero, el empresario asesinó a su ex esposa de dos disparos, pero, a pesar de la evidencia disponible, incluyendo los testimonios de los familiares presentes en la escena del crimen, el Fiscal que recibió el caso consideró que, al no haber sido encontrado en flagrancia, era innecesario el encierro del homicida.

Dicha decisión, corregida por el dictamen de un juez de control de garantías, ha vuelto a poner en tela de juicio varias determinaciones ocurridas en las últimas semanas. Así sucedió con la liberación de siete personas capturadas en el campamento del 'negro Antonio', un temible jefe guerrillero que, a nombre de las Farc, había sembrado el terror en vastas zonas de Cundinamarca. Aceptando la tesis del vencimiento de términos, un juez aprobó la salida de los detenidos a la calle, a pesar de que los recursos interpuestos por los abogados de los acusados fueron los que ocasionaron la demora en el llamamiento a juicio. Algo similar ocurrió con 'Pedro Orejas', uno de los socios de una rica mina esmeraldera, quien ha sido sindicado de asesinato y conformación de grupos ilegales y para cuyo arresto fue necesario un operativo especial de la Policía.

Estos casos han servido para que los críticos hayan atacado las bases del nuevo sistema acusatorio, en particular, y a la administración de justicia, en general. Otros prefieren irse lanza en ristre contra fiscales o jueces, según sea el caso, y plantear hipótesis de incompetencia o corrupción. Para utilizar el argumento coloquial, es poco lo que se puede avanzar en el combate contra el delito si las personas que son detenidas vuelven a la calle a los pocos días como consecuencia de la laxitud de las normas o la supuesta venalidad de algunos funcionarios.

Más allá de la validez de tales argumentos, es claro que lo ocurrido vuelve a darles fundamentos a quienes reclaman una mayor efectividad en la administración de justicia. Una reciente investigación de la Unión Europea concluyó que el índice de condenas en detenciones en flagrancia es muy bajo en Colombia.

Además, los conocedores dicen que es necesario restringir criterios que dejan un espacio muy amplio a la interpretación de jueces y fiscales, como el de impedir que un acusado de asesinato pueda recibir el beneficio de la libertad provisional.

En conclusión, el sistema acusatorio requiere ajustes, sin desconocer que ha sido efectivo para descongestionar los juzgados. Los procesos basados en la oralidad son más ágiles que en el esquema previo y resultan en condenas o absoluciones relativamente rápidas.

Pero se necesita mucho más. La razón es que, a pesar del descenso de los índices de criminalidad, el delito sigue haciendo de las suyas. Es alentador que el número de asesinatos haya descendido 2 por ciento en el país durante el 2009, pero al mismo tiempo es preocupante que las cifras para las tres principales ciudades hayan empeorado, sobre todo en Medellín. Ese cambio de tendencia en las capitales más grandes es un campanazo de alerta que exige no solo una adecuación de las políticas de seguridad, sino una apropiada respuesta de la justicia.

El éxito de la campaña 'Yo acepto vivir sin armas', promovida por el gobernador del Atlántico en la temporada navideña, es una demostración de que los episodios de violencia bajan si pistolas y revólveres en manos de particulares se quedan guardados. No obstante, para que eso ocurra es indispensable que el brazo de la justicia sea efectivo y que la aplicación de la ley sea el castigo apropiado para quien se atreva a violarla.