sábado, 16 de enero de 2010

La realidad indígena

Editorial

El Nuevo Siglo, Bogotá

Enero 16 de 2010



Pese a que se registran avances en algunos aspectos puntuales, lo cierto es que la situación de las comunidades indígenas en Colombia continúa siendo muy difícil. Y no porque así lo haya revelado el último informe de Naciones Unidas al respecto, sino porque a diario la opinión pública local presencia y palpa la forma en que estos pueblos ancestrales se ven afectados por un cruce de violencias y problemáticas que no sólo cobra un número creciente de víctimas sino que poco a poco lleva al arrinconamiento social, político e institucional de las zonas en donde están asentados los distintos resguardos.


Las denuncias hechas por el relator especial de la ONU para los pueblos indígenas, James Anaya, quien visitó al país a mediados del año pasado y cuyas conclusiones son la base del último informe dado a conocer esta semana, reiteran que la violencia es el principal enemigo de la supervivencia física y cultural de estas comunidades. Se trata de una lectura previsible en un país en el que a diario se conocen noticias de desplazamiento forzado de población indígena, amenazas, atentados y otros atropellos a sus líderes, especialmente por parte de los grupos armados ilegales que insisten en no respetar la autonomía de los resguardos y utilizan sus territorios para actividades delictivas que van desde el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de armas y el secuestro, entre otros.


En medio de una serie de conclusiones obvias, lo que en modo alguno significa que se trata de problemáticas y peligros menores para las comunidades indígenas, hay dos aspectos del informe revelado días atrás que merecen destacarse. De un lado, la forma en que Naciones Unidas señala directamente a las Farc como el principal generador de desplazamiento forzado y otros delitos de que son víctimas estos pueblos ancestrales. Si bien esa acusación no produce sorpresa alguna en nivel local, viene como anillo al dedo en momentos en que existe indignación en el país y preocupación por el impacto en el extranjero de un polémico y a todas luces increíble y hasta cínico documental, exhibido ya en Argentina y agendado para varios foros europeos, que trata de mostrar a los subversivos como simples ‘campesinos’ armados. No hay que olvidar que este grupo guerrillero está señalado de ser el autor de varias de las masacres de indígenas Awá en el sur del país en las que fueron más de 40 los asesinados.


Un segundo aspecto del informe que debe resaltarse es el reconocimiento de que el Estado ha avanzando en materia de protección y reivindicación de derechos de los indígenas. Obviamente aún falta mucho por hacer, sobre todo en aspectos como derechos de tierras, seguridad en los resguardos y la siempre difícil interacción entre la autonomía reconocida constitucionalmente a las comunidades indígenas y la vigencia en todo el territorio nacional de las autoridades civiles, militares y policiales. Sin embargo, es claro que existe desinformación e incluso sesgo en informes que organizaciones no gubernamentales difunden en el exterior en donde no le reconocen al Estado colombiano lo realizado para ponerse al día con estas comunidades. Algunas de las voces críticas en el Congreso estadounidense a la ratificación del TLC con Colombia se excusan en que existe una total y hasta cómplice desprotección de sectores poblacionales como los defensores de derechos humanos, sindicalistas y líderes indígenas, postura que contrastada con la realidad no resulta cierta.


Persisten, como se dijo, muchas falencias. Por ejemplo, hay una deficiencia en lo que el Gobierno y el Congreso consideran como consulta amplia y eficiente a las minorías étnicas y comunidades indígenas sobre proyectos productivos que vayan a desarrollarse en terrenos que ancestralmente les pertenecen. El hecho de que dos leyes de la importancia de la Forestal y de Desarrollo Rural se hayan caído por esta causa y que el Código de Minas pueda correr igual riesgo, evidencia que es necesario ajustar el procedimiento de información y discusión.


Los autos dictados por la Corte Constitucional sobre protección a comunidades indígenas, las políticas gubernamentales al respecto, los nuevos escenarios de diálogo y concertación del Ejecutivo con los líderes de los resguardos, la implementación de los llamados “planes de salvaguarda”, la revisión de los compromisos firmados años atrás y su verdadero nivel de cumplimento, la agilización de los procesos judiciales por delitos contra estos pueblos, un impulso al cronograma de entrega y titulación de tierras y, sobre todo, un escenario de confianza que permita disminuir la prevención entre las comunidades y la Fuerza Pública, y llevar poco a poco a un trabajo coordinado, es urgente para que el ritmo de los avances logrados no disminuya o, peor aún, se presente un retroceso en los mismos, en donde todos, a excepción de los violentos, serían los perdedores.

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