De la legítima defensa

El Mundo, Medellin

Editorial

6 de marzo de 2009

Todo lo que pudo tener de reprochable ese ataque, se compensó con la censura internacional y las disculpas que Colombia se vio obligada a pedir en el foro americano. Dijo el ministro Juan Manuel Santos: “Golpear a terroristas, así estos no se encuentren en su territorio, es un acto de legítima defensa de un país y una doctrina cada vez más aceptada por la comunidad mundial y por el derecho internacional”. ¡Y ahí fue Troya! Reacciones airadas e injustificadas de los gobiernos de Venezuela y Ecuador, respondidas por el Gobierno de Colombia con la sempiterna y discutible estrategia del apaciguamiento. 

Con esa actitud de bajo perfil – que ahora se manifiesta en los escuetos comunicados de la Casa de Nariño que hablan de que “la necesidad de eliminar al terrorismo es compatible con las buenas relaciones entre países hermanos y vecinos” – estamos propiciando que el pueblo ecuatoriano, a pesar de ser otra víctima de la acción terrorista y narcotraficante de las Farc, se vaya solidarizando cada día más con el señor Correa, cuando, por el contrario, con una política más firme de desenmascaramiento y condena de la connivencia con el terrorismo y una respuesta enérgica a la actitud permanentemente inamistosa del presidente y sus ministros, podríamos lograr, como mínimo, la solidaridad de la creciente oposición ecuatoriana. 

El estado de la cuestión es que hoy en día esos dos gobiernos, más el del señor Correa, están interviniendo descaradamente en la política colombiana cuando atacan con toda clase de epítetos injuriosos al ministro Santos y se atreven incluso a declarar inconveniente para la paz de la región una eventual candidatura suya a la Presidencia de Colombia, lo cual constituye, sin duda, una intromisión inaceptable. Aunque no sabemos si por iniciativa del ministro Santos o de alguno de los comandantes de las FFAA, se cometió el error de solicitar públicamente al señor Presidente la reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional para tratar el tema de la “legítima defensa”, es evidente que las Fuerzas Armadas tienen que sentir en este momento un cierto abandono de buena parte de la opinión nacional y de parte del Gobierno en su posición frente a esos dos vecinos beligerantes que, además, irrespetan impunemente a la cabeza del Ministerio de la Defensa de Colombia. 

Con respecto al problema de fondo que plantea el ministro Santos, estamos en absoluto desacuerdo con el colega editorialista de El Tiempo cuando dice que es “tema superado” el de la legítima defensa, “según la cual Colombia podría perseguir en territorio extranjero a los grupos ilegales que atenten contra su estabilidad institucional”. Al contrario, eso que el ministro ecuatoriano de Defensa, Javier Ponce, llama impropiamente “rémora de la doctrina Bush”, está plenamente vigente y acaba de recibir una contundente ratificación del gobierno del señor Obama, a través de su embajador en Colombia, William Brownfield, quien habló de las dos teorías – la de la inviolabilidad de la soberanía territorial y la de la “extraterritorialidad” de la lucha contra el terrorismo – y dijo que definitivamente su país era partidario de que “el desafío de los grupos terroristas exige una respuesta conjunta de todos los países, hay que perseguirlos y las Farc es uno de esos grupos”. En refuerzo de esa tesis están las declaraciones que dio ayer en Bogotá el Jefe del Estado Mayor conjunto de los EEUU, Almirante Michael Glenn Mullen, quien reconoció los éxitos que han logrado nuestras autoridades en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en los últimos doce meses. Dijo que EEUU está en plan de mantener y profundizar su compromiso con Colombia en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo y que incluso se propone replicar muchas de las lecciones aprendidas con el Plan Colombia en el conflicto que enfrentan en Afganistán contra los terroristas talibanes. 

De modo que el ministro Santos no está sólo en esa tesis. Lo acompañan, además, muchos colombianos que, como nosotros, creemos en la legitimidad de la operación Fénix contra el terrorismo internacional de las Farc. También el Gobierno colombiano, con el Presidente a la cabeza, que la ordenó, a ciencia y conciencia y con el convencimiento de que el componente fundamental de la decisión era la defensa de Colombia del ataque que impunemente se podía hacer desde territorio ecuatoriano, independientemente, inclusive, de que hubiera colaboración, connivencia o tolerancia con los terroristas por parte de autoridades ecuatorianas. La alternativa era solicitarle al gobierno del señor Correa que actuara contra ese campamento de la narcoguerrilla, que estaba, esa sí, ocupando territorio extranjero y violando la soberanía de ese país, pero está claro que Colombia no lo hizo porque no tenía confianza en el gobierno vecino y, de otra parte, no parecía lógico que renunciara al mando de una operación que era necesaria, pues ‘Reyes’ y compañía no estaban allí propiamente en “ejercicios espirituales” sino en actividades delictivas en contra, tanto del pueblo colombiano como del ecuatoriano. Por lo demás, todo lo que pudo tener de reprochable ese ataque, se compensó con la censura internacional y las disculpas que Colombia se vio obligada a pedir en el foro americano. 

En ese marco de la “legítima defensa”, nosotros reiteramos la propuesta, de que somos autores en exclusiva y que hasta el momento no ha merecido ni siquiera comentarios de agresivo rechazo como los que esperábamos, en el sentido de que lo que procede es acordar con EEUU la construcción de una base para operaciones conjuntas de las armadas norteamericana y colombiana en el río Mataje, en límites con Ecuador, para el control de todas las operaciones ilegales en el Pacífico. Ecuador, que tiene hasta noviembre una de esas bases dentro de su territorio, en el puerto de Manta, y que basa buena parte de su decisión de no renovar el tratado con EEUU en que ellos no tienen el problema tan grave de narcotráfico y terrorismo que tiene Colombia, no vemos por qué pueda sentirse lesionado con una decisión colombiana de esa naturaleza. Por el contrario, los ecuatorianos podrán agradecer que Colombia desarrolle tan ampliamente como le sea posible la operación de la base en el cabo Manglares, cuya efectiva capacidad de control se va a sentir a todo lo largo de la frontera colombo-ecuatoriana. El gobierno Correa se queja de que Colombia no hace lo suficiente en el control de la delincuencia en la frontera y es una de sus exigencias para reanudar relaciones. Ahí tenemos, entonces, el mejor instrumento para satisfacer plenamente su demanda.