Defensores de indígenas

Raúl E. Tamayo Gaviria

El Colombiano, Medellín

Marzo 7 de 2009

Un niño llega llorando donde su mamá y limpiándose los mocos y lágrimas, le dice:

-¡Mamá, la vecina me pegó!

La mamá furiosa coge al niño del brazo y va donde la vecina y le pregunta:

-¿Usted le pegó a mi hijo? ¿Cómo se atreve? ¿Qué le hizo el niño?

-Sí, le pegué por grosero y maleducado. Me dijo gordiflona. Responde la vecina.

-¿Y vos crees, maldita gorda, que pegándole al niño vas a adelgazar?

La empresa americana Muriel Mining Corporation adquirió nueve títulos mineros para la exploración de cobre, oro y molibdeno en los municipios de Murindó, Antioquia y Carmen de Atrato en El Chocó. Firmó un convenio de aceptación con las organizaciones indígenas y afrodescendientes de la zona con la intervención de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior y con el Ejército Nacional para despejar la zona plagada de narcoguerrilleros de las Farc.

Cuando indígenas, negros o afrodescendientes y autoridades estaban contentos por la presencia de esta compañía internacional en la región, por el gran desarrollo que se espera en la zona si el proyecto tiene éxito, como sería la anhelada carretera que uniría a Murindó con Carmen de Atrato, Riosucio y con la vía a Urabá, más las fuentes de trabajo que surgirían con las obras de infraestructura necesarias, llegan los enemigos del progreso como son las ONG Justicia y Paz y Brigada de Paz Internacional a promover y auspiciar éxodos indígenas para enfrentarlos a los que verdaderamente son de la región y que ya habían aceptado los trabajos de la Muriel Mining Corp.

Un curita español de las ONG compró megáfonos en Mutatá, tres mil metros de tela plástica y varillas para hacer cambuches, trajeron indígenas de Frontino, Urrao, Dabeiba y Mutatá, incluyendo mujeres embarazadas y niños pequeños, para contraponerlos a las organizaciones Camicad - Camizba y a la comunidad de afrodescendientes. Las ONG mencionadas, aleccionando a los indígenas de otras regiones para oponerse a los trabajos mineros, dañar el acuerdo existente y pedir el retiro inmediato del Ejército. Están haciendo lo mismo que hicieron con los palmeros de Curvaradó. Estas ONG envenenaron a todo el mundo en contra de los empresarios que hicieron socios y les dieron empleo a las negritudes de la región y lo peor es que el gobierno les creyó a las emisarias de la izquierda internacional.

¿Cuál es el afán de Justicia y Paz y de Brigada de Paz Internacional en que no haya progreso y se retire el Ejército Nacional? ¿No son estos los mismos parámetros que le convienen a la guerrilla? ¿No son el abandono y la selva, los campos ideales para los subversivos? ¿Cuáles son los intereses de estos muchachos rubios y monjas que se pasean por las selvas en carros 4X4 último modelo con placas de la ONU y radios satelitales, enfrentando a las comunidades indígenas como si ellos no fueran capaces de pensar por sí mismos y dañando acuerdos? ¿Por qué el gobierno permite la injerencia de extranjeros en la política colombiana para favorecer a la subversión? ¿Creerán las ONG que golpeando a los indígenas les van a ayudar? ¿Nos permitirían a los colombianos actuar en política en otros países?

Los indígenas y negros han denunciado y pedido nuevamente, en asamblea reunida en Riosucio, en febrero, el retiro de estas ONG, nefastas para el desarrollo del Urabá chocoano y antioqueño (ver El Colombiano del 2 de marzo página 8 A aviso de ½ página).

ÑAPA: La detención del sindicalista Efraín Mendoza Gamba en un campamento de las Farc del "Negro Antonio" y las conexiones de su federación, Fensuagro, con varios frentes guerrilleros nos demuestra que la narcoguerrilla también ha infiltrado a los sindicatos.