Por Mauricio Vargas
El Tiempo, Bogotá
Marzo 16 del 2009
Cegados por su odio a Uribe, los magistrados de la Suprema están enterrando la extradición.
Yo no sé si los magistrados de la Corte Suprema se acuerdan, pero en Colombia decenas de miles de personas fueron asesinadas por los carteles de la droga que querían acabar con la extradición, el único instrumento jurídico que, por décadas, ha atemorizado a los capos. Conscientes de su descomunal capacidad para corromper a las autoridades, han sabido siempre que desde una cárcel colombiana pueden seguir mandando en sus negocios y ordenando asesinatos, mientras la acumulación de rebajas por confesión, delación, trabajo y estudio los deja libres en pocos años. Saben que, en cambio, en una cárcel gringa se les va el resto de la vida sin siquiera hablar con sus secuaces.
Por dar la batalla para que los narcos no se quedaran en Colombia al frente de sus empresas criminales, fueron asesinados Guillermo Cano, Rodrigo Lara, Luis Carlos Galán y muchísimos más, entre ellos varios magistrados de los altos tribunales, así como miles de inocentes que pasaban por el lugar cuando estallaba el carro bomba. Pero a los magistrados de la Corte Suprema de hoy, esos sacrificios les importan un bledo. Al menos, eso demuestran con su decisión de negar la extradición a Estados Unidos de un capo del narcotráfico, con el argumento de que ya fue condenado en el país. El beneficiario del regalito de la Corte Suprema pagará unos pocos años en una cárcel colombiana, desde donde seguramente se las arreglará para seguir con sus crímenes, lo que no ocurriría si los magistrados hubiesen autorizado al Gobierno a despacharlo a los Estados Unidos.
El argumento que se impuso en la Corte es que el personaje ya fue condenado por narcotráfico en Colombia y, en consecuencia, no puede ser juzgado por el mismo delito en el país del norte. En el pasado, ante cientos de casos similares, los magistrados autorizaban la extradición y le dejaban al Gobierno la valoración de si debía pagar la condena en el país o en el exterior.
Con este significativo cambio de jurisprudencia, los magistrados les hacen a los narcotraficantes un favor gigantesco. La cosa es sencilla: ahora, cualquier capo que sea capturado en Colombia confesará narcotráfico, sin agravante alguno, y conseguirá una condena baja. Con ello, y gracias a la nueva tesis de la Corte, se garantizará que no lo extraditen cuando Estados Unidos lo pida, también por narcotráfico, y se librará de pasar el resto de su vida en una prisión gringa.
Nadie ha dicho que un alto tribunal no pueda cambiar de jurisprudencia. Pero esto no puede ser el resultado de un capricho, sino de la valoración de cambios objetivos en el contexto o las circunstancias. Y cambios objetivos no ha habido. La única novedad es la pelea sin fin entre la Corte Suprema y el presidente Álvaro Uribe, en la que ambos lados han cometido un error tras otro. Pero aun si Uribe se ha equivocado, nada justifica que los magistrados decidan cobrárselo de manera tan baja, tan dañina para el país y tan útil para los peores criminales. Es una vendetta que rebaja la estatura de los magistrados y hace que muchos piensen de ellos lo peor.
Los magistrados han dicho, una y otra vez, que exigen respeto a sus decisiones. Y tienen razón. Pero la caridad empieza por casa y los primeros que deben respetarlas son ellos mismos, adoptándolas con el rigor y el nivel que demandan sus delicadas funciones. Si los magistrados se olvidan del derecho y, en forma agresiva, optan por dictar fallos sólo para sacarle la piedra a Uribe, serán los únicos culpables de que el país deje de respetar sus providencias.
Si deciden, como parece, enterrar la extradición sólo para que Uribe no pueda despachar a los capos, más que perjudicar al Presidente, se estarán enterrando el cuchillo del desprestigio. Y, peor aún, estarán ayudando a las mafias y haciéndole un grave daño a Colombia.
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