sábado, 7 de marzo de 2009

A erradicar las minas

Editorial

El País, Cali

Marzo 7 de 2009

 Carmela’ era una niña que vivía en Samaniego, Nariño; ‘María’ era una guerrillera de 24 años que operaba en el Frente 29 de las Farc; ‘Wilfrido’ era un campesino caucano y Jorge Humberto era un subteniente adscrito al Batallón Codazzi de Palmira. Aunque no se conocieron entre sí, estos cuatro colombianos tuvieron una triste historia en común: murieron por el estallido de una mina antipersona. 

Y aunque el hecho de que la subversiva haya fallecido por causa de su propio invento y del que militar lo haya hecho en el cumplimiento de su deber no hace que sus decesos sean menos lamentables, en términos de vidas humanas que se pierden, resulta deplorable que cada vez más civiles estén siendo víctimas de la proscrita táctica de guerra. 

De ahí que la conmemoración de los diez años de promulgación de la Convención de Ottawa sea un buen momento para revisar lo que los 156 países miembros están haciendo para evitar que más personas resulten asesinadas o mutiladas por estos artefactos. Entonces hay que decir que se han logrado avances, ya que 37 naciones han dejado de producirlos y que 40 millones de explosivos han sido destruidos en el mundo. Pero sin duda queda mucho por hacer para erradicar los 167 millones de minas que siguen sembradas en la Tierra y que cada año causan la muerte de seis mil seres humanos. 

Ese es el caso de Colombia que, con cien mil artefactos, encabeza la lista de naciones más golpeadas por tan cruel práctica. Y es que las cifras son contundentes: 7.451 víctimas mortales entre 1990 y el 2008, entre ellas 745 niños. Por fortuna, el Ejército Nacional ya destruyó los 19.000 explosivos que tenía almacenados y 14 de los 34 campos minados que tenía alrededor de las guarniciones militares del país, un compromiso en el que deberá trabajar con más ahínco de cara a la Conferencia de la Segunda Revisión de la Convención que se realizará en Cartagena en noviembre. 

Sin lugar a dudas, lo que la comunidad internacional condenará en ese encuentro será el uso indiscriminado de estos explosivos por los grupos de violencia para aislar las áreas destinadas a la siembra de cultivos ilícitos. Un mezquino propósito que los lleva a poner minas junto a escuelas y caseríos, sin importarles los daños físicos y sicológicos que les causan a pequeños y adultos que pierden sus manos, sus piernas o sus ojos cuando una de estos artefactos estalla sobre sus humanidades. 

¿O cómo se explica que el jefe de las Farc justifique su utilización porque “con el uso de minas y explosivos se equilibran las cargas frente a un enemigo numeroso, bastante equipado y con gran poder de fuego”? ¿Será que ese es suficiente argumento para que las familias de ‘Carmela’, ‘Wilfrido’, Jorge Humberto e incluso de la propia ‘María’ acepten la mutilación y la muerte de seres queridos? 

La realización de tan importante certamen en nuestro país y la realidad que se vive en 90 de sus municipios, varios de ellos ubicados en el Valle, deberían servir para que todos los colombianos se unieran en el rechazo unánime a tan flagrante violación al Derecho Internacional Humanitario, a fin de quitarse el deshonroso título de ser la nación con más víctimas por minas cada año. Pero, sobre todo, para exigirles a los grupos armados que no sigan atentando contra la integridad de los compatriotas más indefensos. 

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