domingo, 15 de marzo de 2009

POS racional y justo

Editorial

El Tiempo, Bogotá

Marzo 14 de 2009

 

En julio del año pasado, la Corte Constitucional profirió el fallo más importante sobre salud de los últimos 15 años, la sentencia T-760, cuya base fueron 22 sentencias de tutela interpuestas por ciudadanos que reclamaban derechos relacionados con este servicio.

Esta especie de 'supertutela' impartió órdenes con responsables y fechas fijas, para ponerles remedio a los principales problemas del sistema. Pero casi nueve meses después han empezado a vencerse algunos de esos plazos y, sin embargo, el panorama del sector no se diferencia prácticamente en nada del diagnóstico hecho por el máximo tribunal. Para empezar, el Ministerio de la Protección Social, que debería estar a la cabeza de las tareas para el cumplimiento de la sentencia, tuvo que contratar un grupo de expertos con este fin porque, al parecer, el nivel de experticia interna en estos temas no era suficiente.

En la presente semana, el país conoció parte del trabajo de dicho grupo. Un asunto que trascendió fue la aparente aprobación del cambio del actual plan obligatorio de salud (POS), que otorga una serie de medicamentos, intervenciones y procedimientos a los afiliados a través de una lista, por otro que garantizaría el cubrimiento de unas enfermedades, dejando otras sin cobertura, seleccionadas por estudios que aún no se conocen.

Ese anuncio, presentado a la Corte como un hecho aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS), prendió el debate en torno a las restricciones de los beneficios, al alcance de la salud como un derecho y a la pertinencia del actual sistema. Aunque es necesario fijar límites, pues ninguna economía puede garantizar beneficios ilimitados en materia de salud, es urgente que se aclare si el camino elegido es restringir el POS vía condiciones médicas o patologías (lo que algunos funcionarios denominan plan limitado único de servicios, Plus). También, si debe intervenir el Congreso, pues la Ley 100 prevé el acceso a planes que cubran todas las enfermedades.

Además, ya que la Corte pidió la equiparación de los POS contributivo y subsidiado, debe aclarársele a la gente si esto se hará por lo alto, tomando como base los beneficios del primero, o por lo bajo, a partir de lo que ofrece el segundo.

Igualmente, debe explicarse cómo piensa homologarse esta propuesta, pues la Ley 100 señala que el proceso debe ser progresivo, es decir, que la gente vaya ganando beneficios en lugar de perderlos. Valga decir que el POS subsidiado debió haberse equiparado al contributivo hace ocho años. Lo preocupante en esta materia es que ya se esté hablando de recortes de los planes de salud de los colombianos, pese a que aún no hay claridad sobre el destino real que se está dando a los cuantiosos recursos del sector, hoy cercanos a los 20 billones de pesos anuales.

Si la discusión es económica, se cae de su peso que primero hay que establecer si ese presupuesto está siendo bien invertido, es decir, en la garantía de servicios de salud de calidad para la gente, o se está desviando para financiar otras tareas y alimentar los márgenes de intermediación.

No son nuevas las serias denuncias sobre grupos armados ilegales que convirtieron estos recursos en su caja menor. ¿Qué tienen que decir el Ministerio y la Supersalud sobre este tema?

Las respuestas a estas dudas deberían estar siendo resueltas, o por lo menos discutidas, por el organismo que la ley facultó para ese fin, el CNSSS, que a partir de la Ley 1122, que reformó parcialmente la Ley 100, quedó convertido en un ente moribundo, pese a ser presidido por el Ministerio de la Protección Social. Sus citaciones no solo son cada vez más escasas, sino que no se llevan actas de sus reuniones desde hace más de seis meses.

Por lo tanto, a pesar de las presiones en otros frentes, es urgente que se le preste atención a un área fundamental, a partir de una sentencia que tiene mucho de bueno si se interpreta correctamente. Y es que el país necesita un POS equitativo, justo y armónico con los recursos disponibles. Para llegar a eso es necesario trazar un justo medio entre quienes exigen beneficios universales o proponen recortes desproporcionados. La discusión debería estar liderada por un ente rector como el Ministerio de la Protección que, como lo anunció la misma Corte, sigue brillando por su ausencia.

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