Coronel Juan Carlos Gómez R.
El Tiempo, Bogotá
Enero 10 de 2010
El 12 de diciembre del 2009 asistí como panelista a la conferencia titulada 'Repensando la ley de conflicto armado en la era del terrorismo', en Washington, organizada por The Hudson Institute, un reconocido centro de pensamiento estratégico de Estados Unidos, al cual recurren altos funcionarios de gobierno, congresistas, jueces y prestigiosos asesores en busca de consejo para enfrentar los retos en materia de seguridad y defensa.
La pregunta recurrente allí fue: ¿cómo enfrentar dentro de la legalidad las amenazas terroristas que representan Al Qaeda para los E.U. y Hamas y Hezbolá para Israel? En medio de la discusión se dio un espacio para presentar la experiencia colombiana y sus casi cincuenta años de lucha en contra de organizaciones que pasan por: insurgentes, autodefensa ilegal, terroristas, narcotraficantes y criminales de toda pelambre. De manera breve pero con la contundencia que dan las cifras, se contó cómo Colombia en los últimos ocho años pasó de ser un Estado cuasi fallido y con las personas secuestradas en las ciudades, a un país viable, con cifras de violencia y economía que la alejan favorablemente de los países más violentos y pobres de la región y del mundo.
Entre el 2002 y la fecha, Colombia ha desmovilizado y sacado de la guerra más de 50.000 hombres y no menos de 18.000 armas, ha reducido a las Farc a una tercera parte de lo que era en el 2002 y en el caso del Eln lo debilitó hasta el punto de que no se ha sabido de acciones terroristas relevantes de esta organización criminal en los últimos dos años, excepto que busca desesperadamente ser acogida por las Farc para evitar desaparecer.
Las normas internacionales y nacionales en DD. HH. y DIH fueron concebidas la primera para proteger los individuos de los gobiernos y la segunda, para regular hostilidades entre Estados y/o entre estos y grupos armados organizados dentro de un mismo territorio, pero no hay normas especiales que regulen la acción de los Estados contra organizaciones criminales y terroristas, cuyos efectos y consecuencias tienen impacto estratégico. Aquí es donde surge el dilema que preocupa a los expertos y el caso colombiano llama inmensamente la atención. ¿Cómo Colombia y su Fuerza Pública enfrentan un enemigo tan cruel y despiadado como las Farc, que se nutren del narcotráfico sin herramientas jurídicas adecuadas y tiene éxito?
Mientras los académicos y expertos asistentes al evento clamaban por normas más conservadoras y que permitieran la anulación o por lo menos la restricción de algunas libertades en pro de la seguridad y la defensa, se mostró cómo la Fuerza Pública colombiana se ha convertido en el modelo a seguir en materia operacional por su efectividad, pero a la vez aplicado en la promoción y el respeto de los DD.HH. y del DIH.
A pesar de la satanización que han querido hacer algunos de la Fuerza Pública colombiana por los dolorosos e inaceptables casos en que miembros de la institución han sido hallados responsables por violaciones a los DD.HH. e infracciones al DIH, de manera afortunada y gracias a las acciones preventivas y correctivas del mismo Estado, el daño a la imagen y buen nombre de la Fuerza Pública colombiana se ha podido limitar. El interés de muchos países por aprender de la experiencia colombiana e imitar sus acciones a nivel de seguridad, defensa y derechos humanos es la demostración de que, no obstante los problemas que aún subsisten, se han hecho las cosas bien y se ha preservado la legitimidad del Estado y sus instituciones.
La Política Integral de Derechos Humanos expedida por el entonces señor Ministro Juan Manuel Santos y el nuevo Manual de Derecho Operacional son documentos de constante consulta entre los gobiernos y las Fuerzas Armadas del Continente. Figuras y acciones tan efectivas como los asesores jurídicos operacionales, las reglas de enfrentamiento, los grupos de entrenamiento por escenarios regionales, los ejercicios de lecciones aprendidas, las acciones de conciliación por vía administrativa cuando hay daños en personas y bienes protegidos son aciertos que otros países reconocen y quieren poner en práctica.
Colombia es hoy ejemplo para las sociedades democráticas, pues ha demostrado que aunque no es fácil, sí es viable dentro de un marco constitucional y legal garantista ser exitosos en la lucha contra el terrorismo dando plena vigencia a las normas nacionales e internacionales de DD.HH. y DIH.
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