Natalia Springer
El Tiempo, Bogotá
Enero 18 de 2010
La justicia atraviesa por una crisis persistente, crónica y que no da muestras de ceder. Están los problemas estructurales, abundantemente documentados: la justicia en Colombia es costosa, lenta, inaccesible, no pocas veces corrupta y carece de los recursos humanos, financieros y tecnológicos que los grandes retos del país requieren. Se suman el sostenido intento del Ejecutivo por cooptarla y una preocupante pérdida de credibilidad causada por las salidas en falso que sientan dudas sobre la capacidad de las instituciones de avanzar de manera realista, sostenida y coherente en el dispendioso proceso de esclarecer la verdad.
Un buen ejemplo de ello es declarar como crímenes de lesa humanidad los asesinatos de líderes políticos, con el único objetivo de evitar la prescripción de términos, una salida que no se interpreta como una acción audaz, sino como una jugada desesperada.
Álvaro Gómez, Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro eran grandes líderes con aspiraciones a la Presidencia de la República desde orillas opuestas. ¿Cuál es el estándar que utiliza la Fiscalía para denominar estos crímenes como de lesa humanidad? ¿Se consideraran como crímenes de lesa humanidad todos los asesinatos de políticos en campaña? ¿O sólo a aquellos aspirantes a la Presidencia de la República? En tal caso, ¿por qué no se reabre el caso de Gaitán y, de paso, se inicia un juicio de responsabilidades por el asesinato masivo y sistemático de civiles motivado en su filiación liberal o conservadora?
Como parte de una política criminal de largo plazo, parecería más consistente que una calificación tan extraordinaria como la que merecen los crímenes de lesa humanidad entendiera el ejercicio de la función pública en Colombia como uno de alto riesgo. Cientos de servidores públicos, con una ambición mas regional y local que nacional, como los aspirantes a juntas de acción comunal, consejos, alcaldías, asambleas departamentales y gobernaciones han sido víctimas o viven bajo la amenaza de los grupos armados ilegales, además de bandas y mafias, que ven en su gestión un obstáculo para la consolidación de su poder.
Al mismo tiempo que se produce esta feria de declaraciones de último minuto, que no parecen atender a una visión de largo aliento, se ha abandonado la intención por ocuparse de otros crímenes de gran talla, que son claramente calificables como crímenes de lesa humanidad, como la desaparición forzada de personas, la violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable, el secuestro y, recientemente, el caso de las ejecuciones extrajudiciales conocidas como "falsos positivos", cuya prescripción de términos ha permitido la liberación de docenas de presuntos responsables.
El gran reto de la justicia está en saber identificar los grandes crímenes en el momento de su ocurrencia y jugarse allí su credibilidad, no sólo para establecer el curso y la estrategia de investigación y juzgamiento sino igualmente para identificar, monitorear y alertar con atención a las comunidades más vulnerables.
El capital político que, en denominación de confianza y credibilidad, se juega la justicia en general y la Fiscalía General de la Nación en particular sólo se repone a través de acciones concretas y victorias reales que se cuentan en fallos, condenas y en el esclarecimiento real de hechos, no a través de declaraciones mayestáticas e intentos desesperados por mantener abiertas, sin resultados, las investigaciones.
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